Factor Méndez Doninelli
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica (DOJ por sus siglas en inglés), anunció que habilitó una línea de denuncias disponible para cualquier persona que quiera denunciar actos de corrupción en el sector público, lo pueden hacer escribiendo a una dirección de correo electrónico. Este mecanismo servirá para apoyar el trabajo de la Fuerza de Tarea Anticorrupción (FTA) que ha sido integrada para combatir ese delito en tres países centroamericanos Guatemala, El Salvador y Honduras, los cuales recibirán alrededor de 300 millones de dólares que el Gobierno estadounidense destinará para estimular el desarrollo social de los habitantes, crear fuentes de trabajo e infraestructura con el propósito de aplacar el continuo movimiento migratorio hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El Gobierno guatemalteco que preside Alejandro Giammattei, manifestó su beneplácito por la decisión del Departamento de Justicia de los EEUU y afirmó estar dispuesto a colaborar.
Ahora que la Fuerza de Tarea Anticorrupción inicia actividades debe saber, que el Estado guatemalteco en su conjunto se encuentra capturado por redes de corrupción y del crimen organizado que permean los tres Poderes del Estado y sus instituciones con el único propósito de saquear los fondos públicos, satisfacer intereses individuales así como corporativos, violar derechos humanos de sus habitantes, mantener la impunidad y autorizar a grupos transnacionales para depredar las riquezas naturales.
Y es que en Guatemala la corrupción e impunidad que persisten, vulneran derechos humanos individuales, sociales y de los pueblos porque impiden el desarrollo humano. Los indicadores sociales de este país centroamericano dejan clara la situación, Guatemala ocupa uno de los últimos lugares en Índice de Desarrollo Humano IDH.
En estos tiempos y a la sombra de la emergencia sanitaria por la pandemia que azota a la humanidad entera, continúa el saqueo y los actos de corrupción mediante compras innecesarias y sobrevaloradas, plazas fantasmas y otros mecanismos ilegales. Todo ocurre sin controles, ante la vista, paciencia e indiferencia de la Contraloría General de Cuentas, de las auditorías internas de cada institución pública y de la actitud vigilante del Ministerio Público. Por eso los índices de impunidad en el país son tan altos (94%).
La FTA también debe saber que, el actual régimen guatemalteco además de corrupto se caracteriza por intolerante, prepotente, represivo, excluyente, autoritario y violador de derechos humanos. En los 22 meses de su mandato ha decretado quince Estados de Excepción (Calamidad, Sitio y toque de queda.) En cada Estado de Excepción se suspenden garantías, derechos y libertades constitucionales, que crean condiciones favorables para que los agentes del Estado abusen de su autoridad y manifiesten conductas que violan derechos humanos.
Así mismo, se criminalizan las luchas sociales, se persigue, reprime y encarcela a los defensores del territorio, de los recursos naturales o de derechos humanos. El autoritarismo e intolerancia de los Gobernantes no tiene límite, ahora también atacan las libertades de prensa, de expresión, de pensamiento, de informar y ser informados. Hay una fuerte ofensiva de las redes de corrupción dirigida contra algunos medios de prensa y periodistas que se distinguen por denunciar a los corruptos.
Tal parece que la labor periodística de investigar y denunciar los actos de corrupción los incomoda, los enfurece porque quieren estar agazapados, no desean ser descubiertos, quieren cubrirse con el manto de la impunidad, no creen que la justicia los pueda alcanzar.
¿Quién con una luz se pierde?
