Por Jorge Santos
En la medida que avanza el presente año, se van profundizando todos los males históricos que aquejan a nuestra sociedad, violencia, impunidad, racismo y empobrecimiento. Este fenómeno no es el resultado de condiciones naturales, más bien es el resultado de decisiones y acciones impulsadas por las élites depredadoras en el país. Esta condición ha sido determinada y producida por una mezcla de acciones deliberadamente asumidas por quienes conducen los destinos del Estado.
Esta profundización del modelo económico y la forma de Gobierno ha sido deliberadamente ideada por la oligarquía y asumida con precisión servil por parte de la élite política liderada por el presidente de turno y demás funcionarios de alto nivel, en el ejecutivo, legislativo y en el poder judicial. Cada vez son menos las personas que desde la toma de decisiones, mantienen una acción dirigida hacia garantizar el bien común y el respeto a los derechos humanos, más bien lo que observamos son decisiones dirigidas a producir mayores niveles de opresión en la población.
El año pasado, mientras vivíamos el impacto de la pandemia Covid 19 y la afectación que produjeron dos tormentas tropicales en el territorio nacional, el gobierno de turno se dedico a impulsar una serie de acciones que privilegiaron aún más a la oligarquía, cooptando y capturando para sus intereses la institucionalidad pública y ampliando los mecanismos corruptos y clientelares. Prácticamente, mientras ellos ampliaron sus posibilidades de negocio y llenaban sus bolsillos con los dineros de la corrupción, la población se debatía entre la posibilidad de morir por la pandemia o morir de hambre. A esto habrá que sumar el descaro y cinismo de quienes, en actos públicos, hacen referencia a la realización de más y mejores acciones para garantizar el bien común y la atención de las necesidades más urgentes de la población.
Frente a los legítimos reclamos de la población, la respuesta es violenta y profundamente represiva, como un espiral que se vive una y otra vez. En noviembre contra manifestantes pacíficos en varios departamentos del país, en los desalojos de comunidades indígenas que protegen sus territorios de la imposición saqueadora de la expansión del monocultivo, en contra de las mujeres y la juventud, contra la población que, hastiada de la indignificación humana, arremete contra monumentos y símbolos inservibles. Es por ello, que la situación no da para medias tintas, porque es de vida o muerte, es la garantía de que no sigan muriendo más niños y niñas de desnutrición, que no se siga matando impunemente mujeres y jóvenes o que quienes luchan por la salud y la educación o la defensa de los recursos naturales no sean expoliados y excluidos.
La única salida, es la profunda transformación del Estado guatemalteco y ello se logra con la radicalidad que requiere quitar de las manos la función pública de quienes desde 1954 mantienen a la población en deplorables condiciones. Es hora que los pueblos encendamos el amanecer de la larga noche que nos han hecho vivir los opresores.
