Por Jorge Santos
Una de las características más grandes de los regímenes autoritarios, es la capacidad que tienen para premiar la mediocridad que produce y reproduce la corrupción, la mala función pública y por ende la impunidad, mientras castiga a quienes realizan su trabajo de manera eficiente, demostrando responsabilidad y dando resultados claros de su quehacer. Refiero esto, porque lo que ha realizado Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- es inaudito, en la medida que aún y en medio del más grande retroceso democrático y de derechos humanos en el país, realizó su trabajo de investigación y persecución penal con el profesionalismo y capacidad demostrada. La retribución y el pago realizado por Consuelo Porras Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, al fiscal encargado de identificar y desarticular a las estructuras criminales y de someter al imperio de la Ley a actores de la oligarquía y de las élites políticas, militar y del crimen organizado, fue el de impedir y obstaculizar su labor y hace una semana, producir su destitución ilegal.
Esta ilegal destitución del Fiscal de la FECI se produjo a instancias evidentes del propio Alejandro Giammattei, pero también de la élite económica, política y militar quienes son los actores que se sienten amenazados por el trabajo honesto y comprometido contra la corrupción y la impunidad. Este hecho, la destitución de Juan Francisco Sandoval, es la mejor evidencia de la decisión de los miembros del Pacto de Corruptos, de meter el pie a fondo, del acelerador del Estado autoritario que restaurará el viejo orden dominado por la corrupción, la impunidad y la violencia.
El ilegal acto, cometido el viernes pasado, se calculó y se midieron las posibles consecuencias que tendría tan errada decisión. Los actores del Pacto de Corruptos, estuvieron y están de acuerdo en asumir las consecuencias y cubrir la posibilidad de recortes en recursos provenientes de la comunidad internacional, en particular de los Estados Unidos de Norteamérica o bien incluso se decidió y asumió la condición de aislamiento internacional que se ha venido evidenciando. Estos hechos y decisiones no son nuevos para la anacrónica, iletrada y burda oligarquía guatemalteca, fueron igualmente diseñados y financiados por ellos e implementados en calidad de servidumbre por la élite política y militar a finales de la década de los ochenta, en pleno marco del Conflicto Armado Interno. En aquel momento, la decisión de captura total del Estado guatemalteco, tenía como finalidad la defensa de los intereses y el modelo económico instaurado por la oligarquía y produjo tan graves consecuencias como el Genocidio.
Hoy esta decisión, no sólo profundizará los males históricos como la pobreza y el expolio, sino puede ser una terrible puerta, hacia la represión y violencia generalizada; por lo que la tarea de los Pueblos y la ciudadanía es derrocar en primera instancia a la Fiscal General y Jefa del MP, así como al Presidente Giammattei y no descansar hasta iniciar la senda de construcción de un nuevo Estado.
