Por Jorge Santos
El artículo 45 de la Constitución establece que “la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. El artículo 33 refiere que “reconoce en el país el derecho de reunión pacífica y sin armas. Este derecho y el de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público”, esto último entendido que la Ley de Orden Público es claramente inconstitucional, dado que su estructura fue pensada y estructurada según la política contrainsurgente claramente definida en la Constitución de 1965.
Es claro y definida la estrategia de retorcimiento de nuestro Estado de Derecho y de la legislación vigente, tanto nacional como internacional, vale la pena realizar una revisión de artículos constitucionales, que por razones más que obvias para las y los corruptos e impunes, son intencionalmente olvidados. Claramente está que este eterno olvido del cumplimiento supremo de la Constitución se da mientras se despoja a comunidades de sus territorios, se incrementa el hambre, la desnutrición, el desempleo, así como la muerte de miles de guatemaltecos y guatemaltecas, frente a la indolencia e incapacidad del gobierno de Alejandro Giammattei.
Rebelarnos y resistir es no sólo un derecho protegido constitucionalmente, sino incluso adopta criterios de lógica común, como una forma de protección de derechos elementales como la salud, el empleo y la vida. A más de un año y tres meses del ingreso de la Pandemia de Covid-19 al país, la sociedad guatemalteca tiene claridad sobre el actuar del gobierno de la República y por ende de quien dirige los destinos del Organismo Ejecutivo y su conclusión es que este gobierno ha privilegiado el saqueo y la profundización del viejo modelo económico fracasado, por encima de la garantía suprema de proteger y garantizar la vida y el bienestar social de su población. El manejo de la Pandemia por parte del gobierno, reviste características de criminalidad en la medida que por sus acciones más de 9,000 personas han perdido la vida o aquellas personas que sobreviven a la enfermedad queda profundamente afectados.
Por lo tanto, accionar contra el criminal que dirige el Ejecutivo, contra los delincuentes que dirigen el Ministerio de Salud, Gobernación, de Finanzas Públicas u otros, representa la legítima lucha por las aspiraciones de vida digna para la población guatemalteca. Así que la invitación es a que asista, promueva y organice la asistencia a las múltiples manifestaciones de rechazo a la instalación del Estado Autoritario. Así que este sábado, asista, manifieste, exija y haga valer su derecho a manifestarse. Hágalo en sábado o cualquier otro día y lance las iniciativas posibles, y ejerza plenamente su legítimo reclamo, frente al profundo dolor que implica la desatención, la corrupción frente a la enfermedad y vida de la población.
