Jorge Raymundo
En estos días asistimos a un Webinar organizado por la Mesa Interinstitucional de Innovación Educativa sobre Educación Extraescolar. Uno de los puntos puestos en discusión es si debe ser “y” alternativa u “o” alternativa o simplemente alternativa y no extraescolar. Pero mientras no se cambie en la Constitución de la República y la Ley de Educación Nacional, que además en estos dos instrumentos legales lo llaman “paralela”, no podrá desaparecer aún lo extraescolar. Llámese como se llame, yo diría que nos referimos a educación para personas jóvenes de sobreedad y de adultos, que antes de la pandemia ya rondaba por los dos millones de guatemaltecos sin ser atendidos en esta modalidad. Triste realidad. Después de la pandemia, sin duda el número de guatemaltecos fuera del sistema, será mucho más de los dos millones.
Pero más allá de esta pequeña discusión y decisión a futuro próximo, algunos de los puntos de discusión de fondo tienen que ver con esa afirmación que la educación es un “derecho”, del ciudadano y una “obligación” del Estado de prestarla. Cómo hacer esto realidad en nuestro país que sigue teniendo la educación relegada a segundo o último término en los planes de desarrollo (asumiendo que hay tales planes pues…). Es claro que el Estado es y será incapaz de prestar gratuitamente este servicio, por muchas razones. No solo por lo presupuestario. Me atrevería a decir que, es más por la miopía de los gobernantes de turno y la conveniencia de las élites económicas que no les conviene tener una ciudadanía educada. Hay países, incluso centroamericanos como Costa Rica cuya economía es más pequeña, que no tiene estos rezagos.
Una vez más oímos que el Estado es y será incapaz de reducir esa brecha en poco tiempo, entonces que lo asuma también la iniciativa privada y en este sentido hay muy buenas experiencias que podría aprovecharse para no partir de cero. Estuvo el representante de Fundación Sergio Paiz, (Funsepa), quien con lujo de detalles dio a conocer los logros que han tenido durante esta época de pandemia a la educación, sin ser exclusivo a educación extraescolar o alternativa. También, la directora general del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, expuso los desafíos de llevar educación a la población rural, en pobreza y extrema pobreza, ya que la institución no siendo lucrativa, tiene que hacer sostenible dicho servicio requiriendo de los estudiantes una pequeña cuota que, en esta época de pandemia, prácticamente ya pocos lograron juntar sus centavos para inscribirse y continuar su formación.
Lo que no se planteó aquí es cómo la iniciativa privada como Funsepa y otras grandes empresas privadas que tienen los recursos, pueden apoyar a jóvenes en las condiciones de ruralidad, de pobreza y pobreza extrema, como los que pretende atender IGER. Yo, aprovechando esta discusión, me atrevo a proponer a Funsepa, disponga becar a tantos jóvenes que pueda para que no abandonen sus estudios por la falta de recursos. Ojalá ambas instituciones, aprovechando la coyuntura nacional pospandemia, unan sus fortalezas para atender más jóvenes especialmente los que no pueden seguir por falta de recursos y de paso hacer sostenible el servicio.
Por otra parte, en lo personal creo firmemente en la obligación del Estado de prestar la educación gratuita a su población, lo que no significa que tenga necesariamente que debe prestarlos, sino subsidiar a instituciones no lucrativas como IGER, para que puedan ofrecer el servicio gratuitamente, como educación pública, como ya lo hace ahora Fe y Alegría Guatemala. Ojalá algún día tengamos gobernantes que hagan que el Estado cumpla su obligación de brindar educación como un derecho.
