Claudia Virginia Samayoa
@tucurclaux
El miércoles nos escandalizamos ante la denuncia contra una pareja de policías por la comisión de agresiones sexuales de una menor de 13 años, que estaban trasladando bajo órdenes de protección de la Procuraduría General de la Nación. Esta violación de derechos humanos llamó la atención; pero hay otros hechos que pasan bajo el manto de una sotana que pareciera que no escandalizan. En nuestras sociedades conservadoras preferimos ignorar el sufrimiento de la niñez agredidas por la acción de prelados, religiosos y laicos católicos a aceptar que la Iglesia Católica es imperfecta.
El 4 de octubre fue publicado el informe especial de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia donde se documenta que 216,000 menores de edad sufrieron abuso en manos de, al menos, 2,900 sacerdotes calificados como pedestras en el período de 1950 a 2020. Además, documentaron el abuso de otros 114,000 menores realizados por laicos trabajando en instituciones religiosas. Un escándalo que supera con mucho lo que se conocía del fenómeno en aquel país. Sin embargo, no fue replicado ni en redes sociales ni en los medios.
La existencia de abusos sexuales como práctica tolerada por las autoridades eclesiales no es nueva; pero si recurrente. Estados Unidos, Polonia, Irlanda, Australia y Chile han pasado por sus propios momentos y el Vaticano aún no genera procesos efectivos para detener la violencia que se vive al seno de sus instituciones. En el año 2014, el Comité de Expertos de Protección de los Derechos del Niño la ONU condenó al Vaticano por “implementar ‘políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos a menores y a la impunidad de los responsables’ y por no tomar ‘las medidas necesarias’ para atender estos casos y proteger a los menores”.
El Vaticano ordenó a las Conferencias Episcopales del mundo que crearan sus mecanismos que permitieran la denuncia, investigación y atención de las víctimas de este grave crimen. En 2016, la Conferencia Episcopal Guatemalteca publicó las normas para la creación de los mecanismos de investigación en cada Diócesis. Al día de hoy, ni la Conferencia Episcopal de Guatemala, ni el Arzobispado de la Arquidiocesis de Santiago de los Caballeros tienen ninguna información sobre la existencia de estos mecanismos.
Existen dos razones por la que el dolor de la niñez continúa luego de décadas de denuncias silenciadas: la primera es la diversidad de jurisdicciones dentro de la Iglesia que permite que perpetradores y encubridores se escondan y la segunda es la permisividad del laicado que en muchas ocasiones apoya incondicionalmente a los presbiteros y religiosos denunciados negándole la credibilidad a la víctima.
En su declaración ante el hallazgo de las graves violaciones de derechos de la niñez en Francia, el Papa Francisco declaró: “Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas sufridos y también mi vergüenza, nuestra vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante mucho tiempo para ponerlos en el centro de sus preocupaciones”.
El reconocimiento de la incapacidad de la Iglesia de asumir su compromiso de detener las violaciones de derechos humanos contra la niñez en su seno; así como negarles la verdad, justicia y reparación obliga a que tanto el laicado como la ciudadanía exijamos la creación de una Comisión Independiente. ¡No esperemos a acumular miles de víctimas del ocultamiento de la sotana!
