Jonathan Menkos Zeissig
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Todas las semanas nos enteramos de acciones que quienes ocupan el poder público —en los gobiernos municipales, el gobierno central y el Congreso de la República— emprenden y que van en contra de la construcción del bienestar de todas y cada una de las personas que habitan Guatemala: desde asignaciones presupuestarias que promueven la corrupción a costa del hambre y la pobreza de millones hasta iniciativas de ley que convierten al poder público en un mayordomo siniestro de empresarios y empresas que se enriquecen al amparo de un Estado que les privilegia y protege.
¿Usted votó por el actual presidente o por el alcalde de su municipio? ¿Usted votó por los partidos políticos que hoy suman una mayoría oficialista en el Congreso? Si las respuestas son afirmativas, sería vital que usted haga un examen de conciencia y se pregunte si las acciones que ellos llevan a cabo son las que usted estaba esperando.
En el caso particular del presupuesto público del gobierno central en 2022, la principal característica de la ejecución del gasto público son las ampliaciones presupuestarias por Q6,033.8 millones aprobadas por el Congreso de la República durante el primer semestre, principalmente destinadas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por Q3,191.2 millones, y muy cuestionadas por ser vulnerables a abuso, corrupción y malversación con fines político electorales; recursos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo por Q342.0 millones, en operaciones muy anómalas por haber sido preaprobadas en 2021, y también muy cuestionadas por abrir caminos a la corrupción y malversación con fines político electorales. Todo esto aprobado por la mayoría oficialista en el Congreso de la República que relajó controles sobre estos gastos mediante el Decreto número 31-2022.
Los cambios en el presupuesto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitados por el Ministerio de Finanzas Públicas y aprobado por la mayoría oficialista en el Congreso de la República, por Q3,191.2 millones, se supone que iban destinados al “mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica” conteniendo la cobertura de 719.1 kilómetros, de los cuales solo 480 metros, menos del 0.1%, corresponden a construcción de tramos nuevos, distribuidos en 240 metros en rutas centroamericanas, 40 metros en rutas nacionales y 200 metros en rutas departamentales con un costo de ¡Q480,700.0 el metro construido! Otros Q2,429.7 millones restantes están destinados a recapeos mayores y menores, rehabilitación y señalización de tramos viales existentes. ¿Cómo están las carreteras que usted utiliza?
El proyecto de presupuesto para 2023, también contiene elementos que obligan a reconocer que quienes nos gobiernan piensan muy poco o nada en el bienestar de quienes les han votado y, por el contrario, piensan mucho en sus propios intereses financieros y en el de aquellos que les financian las caras y múltiples campañas electorales. Por ejemplo, un seguro de salud escolar privado, por Q346.5 millones, cuestionado por su nula efectividad. Por otro lado, se encuentran recortes en actividades prioritarias de los programas de Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica, Prevención de la mortalidad materna y neonatal y los Servicios de prevención y tratamiento de COVID-19. Reducciones en asignaciones presupuestarias para nutrición y apoyo a los agricultores y un casi nulo apoyo a programas de apoyo para el empoderamiento económico de jóvenes, mujeres y empresarios de pequeñas unidades productivas. En contraste, un incremento de casi Q1,300.0 millones en las transferencias del gobierno central a las municipalidades, con claros fines electorales.
Reitero mis preguntas: ¿usted votó por ellos?, ¿usted les dio el poder para que hicieran esto?, ¿usted les dejará hacer y les dejará pasar tanto abuso?, ¿usted volverá a votar por ellos? Es tiempo urgente de análisis, reflexión y cambio de actitud.
