Jonathan Menkos Zeissig
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Recientemente fue publicado el estudio Rejuvenecer Guatemala: poner las finanzas públicas al servicio de la juventud. El estudio -elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Plan Internacional en Guatemala y Paz Joven- contiene un análisis del marco legal vigente sobre el que se sustentan los derechos de las y los jóvenes; hace un repaso por los indicadores socioeconómicos y demográficos relacionados con las juventudes guatemaltecas y muestra los resultados de la estimación del gasto público destinado a adolescentes y jóvenes que han ejecutado el Gobierno Central y las entidades descentralizadas entre 2015 y 2021. En ese sentido, el estudio revela que de cada Q100.00 de gasto público a penas se destinan Q16.00 a la atención de las necesidades y derechos de las juventudes guatemaltecas. La inversión pública diaria en los jóvenes pasó de Q5.80 en 2015 a Q7.37 en 2021, dando un promedio para el período analizado de Q6.52. Esta cantidad a todas luces es insuficiente para garantizar su bienestar.
La sociedad guatemalteca actual cuenta con el enorme e irrepetible privilegio de su juventud: una de cada tres personas tiene entre 13 y 29 años de edad, es decir, 5.7 millones de jóvenes. Sin embargo, el diagnóstico sobre su situación socioeconómica permite comprobar la baja inversión pública en su bienestar, quedando este restringido a la suerte familiar y, por lo tanto, marcado por la desigualdad y la exclusión social. En la actualidad seis de cada diez jóvenes viven en condiciones de pobreza. De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala, seis de cada diez jóvenes han sido privados de acceso a salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda adecuada, entre otros elementos básicos para su desarrollo, con significativas diferencias entre territorios.
Los embarazos en adolescentes y jóvenes y la maternidad temprana constituyen aún un problema social y sanitario que afecta a miles de mujeres, poniendo en riesgo su salud, comprometiendo sus oportunidades de acceder a la educación y a trabajos decentes, alterando profundamente sus proyectos de vida y el de sus familias. De acuerdo con el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), entre 2015 y 2020, se registraron 607,176 embarazos en adolescentes y jóvenes de 13 a 19 años. En cuanto al trabajo, únicamente tres de cada diez jóvenes ocupados tienen algunas de las garantías laborales -contrato de trabajo, bono 14 o aguinaldo-, y solamente dos de cada diez están afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Está usted consciente que Guatemala no siempre será un país de jóvenes, y lo que se haga hoy para promover y proteger la vida y las diversas aspiraciones de cada uno de ellos repercutirá en el futuro inmediato, no solo en la plenitud de su existencia individual, sino que constituirá la mayor apuesta social para la paz, la cohesión, el desarrollo y la democracia de Guatemala.
Como bien dice la canción de Víctor Heredia, Informe de situación: “bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad.”. En lo que queda de esta década es vital aumentar la inversión pública en los jóvenes, fijando resultados tales como la universalización y gratuidad en su acceso a la educación, al arte, la salud y la capacitación. Debemos salvarlos del hambre, de la violencia y de la migración forzada. Desarrollar programas de capacitación y empleo en los territorios. Urge aprovechar su disposición a comprometerse con causas colectivas como por sus ánimos y voluntad en favor de la justicia, su capacidad para fomentar y adaptarse a los cambios tecnológicos y su actitud para el trabajo, el arte y la cultura. Urge darles certidumbres actuales y futuras. ¡Salvemos el trigo joven!
