Jonathan Menkos Zeissig
jmenkos@gmail.com
Avanza sin retrasos el régimen de terror y represión que se ha instalado en Guatemala, con el oficioso trabajo del presidente Giammattei y su camarilla situada en posiciones de significativo poder judicial, legislativo y económico. La corrupción, la impunidad, la captura del poder público para fines particulares y la criminalización de defensores de derechos humanos, ex investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), jueces, abogados y fiscales que, contra la corriente, intentan garantizar la justicia, nos revela cómo Guatemala se está convirtiendo en una versión actualizada de la Nicaragua que ha forjado la dictadura Ortega-Murillo.
Una de las acciones más violentas y abusivas del régimen guatemalteco es el castigo ejemplar que ha impuesto a la exfiscal Virginia Laparra, quien fuera jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango y trabajadora intachable dentro del Ministerio Público por más de dieciséis años. Ahora, en la pro dictatorial gestión de Consuelo Porras, el propio Ministerio Público solicitó su aprehensión acusándola de no tener las facultades para denunciar administrativamente al juez de mayor riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, por actos anómalos, tales como revelar información de casos de corrupción que estaban en reserva. Por cierto, recientemente Castellanos fue electo por la mayoría oficialista en el Congreso para ser relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.
Desde que fue capturada, el 23 de febrero pasado, Virginia Laparra ha sido sometida a vejámenes. Dos días en la carceleta, en el sótano de la Torre de Tribunales, hasta que fue trasladada a Mariscal Zavala. Ahí el régimen de Giammattei la mantiene recluida, en una bartolina oscura y húmeda con una minúscula ventana. Solo puede salir una hora al día, a pesar de su padecimiento de claustrofobia, constituyendo una clara tortura psicológica. En una carta de Virginia Laparra escrita a mano y entregada al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, la exfiscal reconoce que lo que está sufriendo es «una discriminación y criminalización selectiva y malévola que tiene como fin erradicar cualquier posibilidad de que en el futuro un fiscal se atreva a denunciar a un juez». Diversas organizaciones sociales, nacionales e internacionales, han hecho llamados públicos para la liberación de Virginia Laparra pues no han razones objetivas para mantenerla en prisión preventiva: no hay posibilidades de fuga ni de obstrucción de la justicia. ¡Quién puede estar tranquilo pensando en el calvario de Virginia Laparra y el dolor que deben estar viviendo sus dos hijas y su familia!
El Parlamento Europeo, el pasado 7 de abril, expresó la preocupación de los diputados que lo conforman «por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala y las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan estructuras criminales vinculadas a altos funcionarios del Estado y empresarios», condenando la criminalización y detención y hostigamiento de los operadores de justicia. El 12 de abril, el Departamento de Estado —el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos— publicó un informe en el que analiza las prácticas de derechos humanos, en el caso de Guatemala durante 2021, destacando «el socavamiento de las instituciones anticorrupción y del poder judicial por parte de actores políticos corruptos». También concluye que «el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos».
Nuevas persecuciones injustas se están fraguando. Es urgente que la comunidad internacional pase del diagnóstico del problema a las acciones para mitigarlo, iniciando con la imposición de sanciones económicas a los funcionarios, empresarios y empresas que lideran esta dictadura.
