Jonathan Menkos Zeissig
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El presupuesto público es un instrumento para gestionar el desarrollo porque es ahí en dónde se expresa qué metas se persiguen y con qué recursos se lograrán. Asimismo, el análisis del presupuesto público puede ser como un polígrafo que permite saber qué tanto los discursos de quien gobierna -en los que cabe todo, incluso el país de las maravillas- tienen correlación con la realidad que impone la recaudación de impuestos, el destino del gasto público, la utilización de la deuda y las medidas para fomentar la transparencia. En síntesis, estudiar el presupuesto público permite a la sociedad saber si el gobernante tiene interés en responder a las demandas sociales o no; con quién o quiénes quiere quedar bien y si entre sus planes está robar o que sus aliados roben del erario público.
La semana pasada, el ministerio de Finanzas entregó al Congreso de la República el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2022. Este será el presupuesto que se ejecute, si se llega a aprobar, durante el tercer año de gobierno del presidente Giammattei. Un primer análisis del presupuesto permite advertir que todo ese relato oficialista de que la economía va viento en popa no se refleja en el presupuesto de 2022. Por el contrario, es un presupuesto raquítico, con una recaudación que aumenta a Q74.4 millardos, lo que representará 10.7% del PIB. Esto significa que el gobierno prevé recaudar proporcionalmente menos impuestos en 2022 de lo que recaudó en 2021, cuando la carga tributaria llegue a representar el 10.8% del PIB.
Por el lado del gasto, el proyecto de presupuesto para 2022, advierte que en el ministerio de Educación habrá dinero para garantizar el pacto colectivo (más de Q2.0 millardos) y para el seguro médico privado escolar (Q312.5 millones). Lo primero no esta mal, si va acompañado de aumentos en la cobertura escolar y en la calidad educativa, lo que en realidad no es así. Por su parte, el seguro privado de salud, debe ser considerado un camino de opacidad y corrupción estrenado por el actual gobierno. Además, los recursos de este seguro privado ayudarían mucho más al bienestar social si se destinaran a mejorar puestos y centros de salud públicos. Por otro lado, estos aumentos se harán a costa de reducciones en metas de matrícula, evaluaciones de estudiantes y entrega de insumos escolares como libros de texto.
En el caso del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), se propone un incremento de Q 1,356.1 millones con respecto al presupuesto vigente al 31 de agosto de 2021. Se registra un incremento importante de presupuesto (más de 34%) para el programa de Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica, pero se desatiende el programa de Prevención de la mortalidad materna y neonatal, cuyo presupuesto crece menos del 5%, lo que impacta en los resultados esperados. El presupuesto del MSPAS incluye Q1.0 millardo para la compra de vacunas contra el covid-19, pero la meta de personas a vacunar en 2022 apenas es de 4,312,514, lo que significa que una buena parte de la población no está incluida en los planes gubernamentales de salud.
Por su parte, los programas de asistencia y protección social presentan metas vergonzosamente limitadas. Por ejemplo, proponen entregar la beca de empleo para adolescentes y jóvenes a 645 beneficiarios; la beca de educación media para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad beneficiará tan solo a 5,540 personas.
En definitiva este presupuesto abona poco al desarrollo y la gobernabilidad democrática. Lo seguiremos analizando la próxima semana.
