Dr. Edwin Asturias Barnoya

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Dr. Edwin Asturias Barnoya

Han pasado 18 meses desde que el virus SARS-CoV-2 doblegó a gobiernos y poblaciones del mundo como no había ocurrido en un siglo. En un mundo súper conectado, los patógenos emergentes son y serán una amenaza para la salud mundial y la única forma de salvar más vidas y desarrollar sociedades resistentes, es el diseño y preparación de contramedidas médicas que deben implementarse a tiempo.

En Julio del 2020, después de que la CopreCOVID en conjunto con el equipo técnico del Ministerio de Salud Publica habían logrado llevar a un mínimo funcional la estrategia de detección, reporte y mitigación en medio del primer pico epidémico en Guatemala, se convocó a una reunión de varios legisladores para plantear la trayectoria de la epidemia de COVID-19 y discutir la necesidad de legislación que permitiera establecer las bases para continuar preparando al sistema de salud para esta y otras epidemias futuras.

Más de un año después, y luego de improbados dos estados de Calamidad -basado en una ley reactiva diseñada para desastres naturales y de conflicto cívico-militar- los guatemaltecos y los trabajadores de salud se encuentran sumidos en la peor alza epidémica y con las manos atadas por un sistema de regulación y provisión que no le permite a salud publica controlar el contagio y sus secuelas.

En los próximos días, varios grupos de congresistas han finalmente hecho suya la corresponsabilidad de diseñar para la población una ley que permita una respuesta a la pandemia más óptima. Las actuales leyes -el Código de Salud (Decreto 90-97)- obligan al Ministerio de Salud Pública a comandar la respuesta, pero carece de suficiente dentadura para permitirle controlar una epidemia de estas dimensiones. En lugar de proponer decretos de corto plazo, el Congreso de la Republica tiene en sus manos una oportunidad única para no solo empoderar a la ciencia y la salud pública para aplacar el COVID-19 en los próximos meses, sino dejar sentado un sistema de preparación y respuesta que nos permita ser una nación más resiliente.

Para ello se necesita una Ley Nacional de Seguridad Sanitaria, que deje establecido el sistema de detección temprana, prevención y respuesta basada en principios epidemiológicos probados. Controlar epidemias requiere de 1) identificación temprana y control de casos, 2) mitigación de la enfermedad y sus complicaciones, 3) investigación aplicada que informe las estrategias de prevención y respuesta, y 4) abordaje y comunicación ante la preocupación de la población. Esta legislación nacional de Seguridad Sanitaria debiese dejar creado el Centro Nacional de Preparación y Control (CEPC) como una entidad descentralizada y semiautónoma que genere información eficiente y de calidad para informar no solo el riesgo epidémico, sino las capacidades de preparación y respuesta y las mejores prácticas de control y prevención.

Así mismo, la Ley de Seguridad Sanitaria debe darle al Ministerio de Salud Publica la capacidad de decretar una emergencia sanitaria -sin necesidad de recurrir a los estados de excepción contenidos en la Ley de Orden Publico- que pueda ser refrendada por el Congreso, y que active los mecanismos de control sanitario, adquisición de recursos e implementación de estrategias de contención, mitigación y prevención. Deberá incluir, además, la obligatoriedad del CEPC y el MSPAS de presentar periódicamente (cada 3-4 años) ante el Congreso, la Estrategia Nacional de Seguridad Sanitaria que delinee el plan de implementación preparación y respuesta ante emergencias de salud pública como la que estamos hoy sufriendo.

Si a 18 meses de la peor pandemia sufrida en un siglo, y que ha perjudicado significativamente la salud, vida, y economía de toda la nación, no hemos ahondado que un parche no es la medida para recomponer un desquebrajado sector salud, estamos entonces destinados al subdesarrollo y vulnerabilidad sempiterna. Los pocos buenos y capaces legisladores del Congreso deben cumplir con el juramento que dieron a sus electores: garantizar y proteger la vida, la seguridad y el bienestar de todos los guatemaltecos.

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