Jonathan Menkos Zeissig
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En abril de 2021, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas -órgano asesor del ministerio de Finanzas Públicas en el que participan el ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria- estableció los techos presupuestarios preliminares para 2022.
De acuerdo a estos lineamientos, el monto total de gasto público para el próximo año será de Q92,519.9 millones, equivalentes al 13.6% del producto interno bruto, con lo cual Guatemala continuará teniendo uno de los cinco presupuestos públicos más pequeños y débiles del mundo. Aunque la información publicada por la Comisión Técnica de Finanzas Públicas es insuficiente para hacer una análisis exhaustivo sobre el impacto que sobre la economía y el bienestar tendrá el proceso de austeridad fiscal tosca que se establece implementar en 2022, los datos permiten anticipar un grave retroceso en la atención de las obligaciones del Estado en cuanto al cumplimiento de las garantías a los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales y la imposibilidad de cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en particular los ODS, y la incapacidad de la administración pública para fomentar condiciones que aumenten el empleo y dinamicen la actividad económica.
Dentro de los problemas que saltan a la vista, por ejemplo, en 2022, con los techos preliminares, se reducen Q788.1 millones el presupuesto que el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene en 2021, fijándolo en Q9,864.1 millones, con lo cual será imposible avanzar en la necesaria mejora de la cobertura y calidad de los servicios de salud, y mucho menos garantizar resultados exitosos en la lucha contra la desnutrición, la mortalidad infantil y materna o los procesos de vacunación. El presupuesto de los ministerios de Desarrollo Social y Educación se conserva prácticamente igual al de 2021, con una asignación de Q1,122.7 y Q17,876.9 millones, respectivamente. Esto permite prever la continuidad de programas de protección social sin capacidad de asistir a los ciudadanos ante la pobreza o choques económicos. En el caso de educación, es previsible que los 1.9 millones de niñas, niños y jóvenes que actualmente están fuera de la escuela continuarán ahí sin respuesta del Estado. Tampoco se podrá transformar la educación pública para que se adapte a la nueva realidad que impone la era de pandemias que se ha inaugurado en 2020 con el Covid-19.
El desarrollo de una sociedad, es un proceso complejo, relacionado con el aumento progresivo de la capacidad para aprovechar y cuidar la naturaleza (ciencia y tecnología), para lograr un bienestar material suficiente que garantice a todas las personas mayor libertad y participación plena en la vida política, económica y cultural. El subdesarrollo, no es la ausencia de desarrollo, sino la comprensión del menor avance de una sociedad frente a otras. En ese sentido, el presupuesto público de 2022 arraiga las condiciones para que la sociedad guatemalteca continúe estando en el pelotón de los países más rezagados en educación, salud, igualdad, empleo, innovación o protección ambiental.
El poder público y una de sus expresiones más concretas, el presupuesto público, son vitales para lograr el desarrollo. Sin embargo, en contextos de gobiernos poco democráticos, plagados de funcionarios ineptos cuando no corruptos se crea un círculo vicioso: los ciudadanos desconfían y no quieren que estos gobiernos tengan mayores presupuestos, lo que fomenta más austeridad fiscal, la creación de mercados que convierten los derechos en privilegios y, consecuentemente, más frustración e ingobernabilidad social. El gobierno está a tiempo de no repetir el error de 2020, cuando presentó un presupuesto público de espaldas a la sociedad y sus preocupaciones.
