Jonathan Menkos
El día de hoy se ha publicado un comunicado en el que cientos de personas individuales, organizaciones, plataformas y sectores de la sociedad civil han demandado a los diputados del Congreso de la República -en especial a esa mayoría insolente que se empeña tanto en dinamitar el desarrollo y estrangular a la población- que cumplan con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, en su resolución del 15 de febrero de 2020, en cuanto al traslado oportuno de fondos a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, incluyendo los recursos adicionales requeridos para saldar las remuneraciones pendientes de pago a su personal, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al vigente.
La propia Institución del Procurador de los Derechos Humanos ha advertido, el pasado 6 de mayo, que el retardo ilegal y malicioso en el traslado de recursos ha abierto un déficit acumulado en dos años de Q40.0 millones. También, ha avisado que sin ese presupuesto la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) colapsará en los próximos tres meses, pues la liquidez cubrirá los salarios del personal y el pago de servicios e insumos, hasta agosto próximo.
Además de incumplir lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, la negativa de trasladar de manera completa y oportuna este presupuesto, violenta lo dispuesto en los artículos 273, 274 y 275 de la Constitución Política de la República y el Título II de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Republica y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto del Congreso de la República número 54-86.
En un Estado de derecho pleno, este retardo en el traslado de fondos llevaría a tribunales a sus autores materiales e intelectuales. En la Guatemala actual, ese no el caso. Por ello, todos los miembros de esta sociedad debemos rechazar que se pretenda asfixiar financieramente a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos entorpeciendo el traslado completo de su presupuesto. Detrás de esta maniobra están aquellos diputados asociados a la corrupción y la impunidad, a quienes incomoda la labor de esta institución en favor de las personas, en particular, aquellas que hoy son perseguidas por defender el territorio, o por exigir el cumplimiento del derecho a la salud o a la libre expresión del pensamiento. El otro factor que pesa en este intento de colapsar a la PDH, tiene que ver con que esta institución es el ente encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Finalmente, también les debe incomodar, con hepática envidia, la amplia legitimidad con la que cuenta el actual procurador, Jordán Rodas, fruto del cumplimiento a cabalidad de sus funciones y de la empatía mostrada hacia todas las personas.
En esa larga lista de diputados que con sus acciones deshojan la democracia hasta matarla, están el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, la Junta Directiva, conformada por diputados de los partidos FCN Nación, Humanistas, Prosperidad Ciudadana, UCN, UNE, Valor, Vamos y Viva; y varios diputados de la Comisión de Derechos Humanos, tales como Álvaro Arzú (Creo) -quien la preside-, Napoleón Rojas (Viva), Cristian Álvarez (Creo), Ana Lucrecia Marroquín (Valor) y Manuel Conde Orellana (PAN).
Todos debemos manifestar un rotundo rechazo por la actitud irresponsable e ilegal de estos congresistas, que vulnera los derechos fundamentales de toda la población. Debemos exigir que cese este ataque a la PDH y que se le permita, como establece la ley, hacer su trabajo con absoluta independencia en la promoción del buen funcionamiento y la agilización administrativa del Estado, investigando y denunciando comportamientos lesivos y promoviendo acciones administrativas y judiciales que garanticen los derechos humanos.
