Una de las funciones principales del Estado es proveer a todos los ciudadanos el bienestar general o el bien común, lo cual está en uno de los primeros artículos de la Constitución Política de Guatemala. El bien público representa aquel activo –de acá su diferencia con el servicio público-, que representa un factor que genera bienestar general, a través de la provisión de un servicio dirigido a la colectividad o a la sociedad en general.
Los bienes públicos se financian por medio de los impuestos y representan para el Estado la obligación de resolver determinadas problemáticas que afectan a la ciudadanía en general, pero que dichas problemáticas son de diferente índole, puesto que algunos ciudadanos lo resolverán por la vía del mercado o el sector privado, para lo cual debe pagarse por dicho servicio, mientras que en el caso de los bienes públicos, los mismos se financian por parte del Estado.
Dentro de los bienes públicos más conocidos se encuentran la salud y la educación, aspectos que devienen desde la época colonial cuando la iglesia se encargaba de proveerlos, pero que los mismos con el desenvolvimiento de la sociedad, han adquirido matices de mayor dificultad para atenderlos por parte de las instituciones públicas, puesto que los grupos beneficiarios son cada día más, vinculado a una oferta de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que es muy baja para la demanda de los bienes públicos.
Esta diferencia entre oferta pública de bienes y el incremento considerable de la demanda de los mismos, se debe a un crecimiento acelerado de la población (2.4% anual), un elevado nivel de pobreza y pobreza extrema, condiciones de desigualdad, así como bajos ingresos para la mayoría de la población que demandan estos bienes públicos y una baja voluntad por dotarlos de mejores condiciones por parte de las autoridades de los gobiernos.
Por el lado de la oferta de bienes públicos, se constata también una dificultad financiera para ampliar una red de los mismos, con mayor capacidad de cobertura geográfica, así como con personal, equipo y material limitado, ante la afluencia enorme de necesidades de todo tipo.
Los servicios de salud y educación son un reflejo indiscutible de esta baja oferta y elevada demanda, pero el problema no termina ahí, la calidad y el acceso de los servicios ha sido una constante olvidada por los anteriores gobiernos que prefirieron mantenerse en la dinámica de la corrupción con las medicinas o con seguros escolares caros y absurdos, que a resolver o atender con más voluntad las precarias capacidades de funcionamiento de las instituciones responsables.
En el caso de la Educación, la firma de pactos colectivos onerosos sin ninguna responsabilidad de mejorar la calidad educativa de los maestros, constituye otra gran falla, que seguramente en este nuevo régimen se buscará resolver. Los resultados de las evaluaciones de los graduandos muestran que estamos mal en matemática y en comprensión de lectura, pero las autoridades anteriores, únicamente los leían y no hacían nada para contrarrestar esta deficiencia.
En salud, a los doctores y las enfermeras no se les paga bien, trabajan turnos duros y aun así se entregan a su disciplina con rigor, con gusto, con interés por sus pacientes y muchos de ellos ni siquiera cuentan con una plaza fija, sino que deambulan con contratos anuales que empiezan tarde y se pagan aún más tarde.
Pero hoy, la cuestión del bien público agua llama más la atención, cuando el Ministerio de Salud encontró que el agua de poblados de la costa sur se encuentra contaminada. Vaya novedad, esta condición de contaminación de los cuerpos de agua se viene haciendo ver desde años por diferentes universidades, ojalá que ahora si se les tome en cuenta y se convierta en una interrelación fructífera entre el Estado y la academia.
Hoy los indicadores del INE hablan de agua entubada y dónde quedó la provisión de agua potable que las municipalidades tienen como responsabilidad. Ojalá nos puedan decir por qué se abandonó la potabilización del agua para el consumo humano, lo cual atenta contra la salud y el bienestar de todos los ciudadanos.
