Juan José Narciso Chúa

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Guatemalteco. Estudió en el Instituto Nacional Central para Varones, se graduó en la Escuela de Comercio. Obtuvo su licenciatura en la USAC, en la Facultad de Ciencias Económicas, luego obtuvo su Maestría en Administración Pública INAP-USAC y estudió Economía en la University of New Mexico, EEUU. Ha sido consultor para organismos internacionales como el PNUD, BID, Banco Mundial, IICA, The Nature Conservancy. Colaboró en la fundación de FLACSO Guatemala. Ha prestado servicio público como asesor en el Ministerio de Finanzas Públicas, Secretario Ejecutivo de CONAP, Ministro Consejero en la Embajada de Guatemala en México y Viceministro de Energía. Investigador en la DIGI-USAC, la PDH y el IDIES en la URL. Tiene publicaciones para FLACSO, la CIDH, IPNUSAC y CLACSO. Es columnista de opinión y escritor en la sección cultural del Diario La Hora desde 2010

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Juan José Narciso Chúa

La situación política y social de Guatemala se encuentra en un momento en donde pareciera que ya no hay salida, parece que llegamos a un punto ciego, a un auténtico callejón, en donde sólo hay una salida, pero la misma se encuentra totalmente cerrada para todos los que nos encontramos al fondo de este sombrío callejón.

En Guatemala ya no se puede hablar de futuro, dentro del marco democrático. ¿Por qué no?, se preguntan todos, porque hemos cumplido con todas las formas o ritos que la democracia establece: elecciones libres, libertades sociales abiertas, elección de un presidente, diputados y alcaldes; se “fortaleció” la descentralización y existe renovación de autoridades cada cuatro años.

Sin embargo, hoy todos sabemos, de una u otra manera que nuestra democracia no está funcionando e incluso la valiosa libertad social hoy es un signo de interrogación. Los grupos en el poder se aliaron a la democracia y efectivamente plantearon el ejercicio democrático, pero en la formalidad no en el fondo. Se abrieron las libertades y derechos individuales, pero a cambio, el control de la maquinaria del Estado, se controlaría por medio de los propios partidos políticos los cuales se convertiría en vehículos propios de intereses económicos principalmente, el Estado y sus instituciones se mantendría bajo el control de estos mismos grupos, en donde los partidos políticos serían la caja de resonancia y el presidente o su gerente, constituiría el alfil para articular toda una urdiembre llena de intereses, beneficios, privilegios y, principalmente, control de cada alternancia en el poder.

Dentro de esta dinámica, el control de las cortes, primero, la Corte Suprema de Justicia, luego la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y dejaron que la Procuraduría de los Derechos Humanos tuviera figuras democráticas, para no aparentar control total.

Pero también, se tomaría el control del Ministerio Público, para evitar sorpresas o mejor si es para otros intereses. Este mundo lleno de abogados, se convirtió en el eje de las decisiones para cooptar la justicia, evitar problemas y seguir por el rumbo que se habían impuesto desde siempre las élites y sus lacayos los partidos políticos.

Los militares no salieron de este esquema, su presencia generaba confianza para ambos, son interlocutores válidos para ellos, aprecian su experiencia y conocimiento del manejo oscuro de la cosa pública.

El mecanismo de intercambio para asegurar esta cohesión de intereses es la corrupción, nada más y nada menos. Háganse ricos con la corrupción, pero eso sí, no nos afecten nuestros intereses dictan las élites.

La CICIG se convirtió en un quiebre histórico, pero que causó escozor, provocó molestias, generó tensiones, principalmente se vieron ante la encrucijada de perder el poder y eso no se toca, no se vale. Así, que los pactos para sacarla se concretizaron, hubo dinero, hubo cabildeo, hubo que empujar voluntades.

Hoy todo nos muestra el franco deterioro. Un congreso que no actúa por el interés general, sino por cuestiones de intereses pero particulares. Una corte que evita antejuicios y asegura detenciones injustas como las de Juan Francisco Solórzano Foppa y Aníbal Antonio Argüello Mayen, un fiscal que mueve denuncias como la que acabo de mencionar mientras otros ni siquiera se mueven.

Estamos mal, seguimos mal y el deterioro continúa. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?

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