Gladys Monterroso

licgla@yahoo.es

Abogada y Notaria, Magister en Ciencias Económicas, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Diploma otorgado por la Corte de Constitucionalidad en 2005, como una de las Ocho Abogadas Distinguidas en Guatemala, única vez que se dio ese reconocimiento, conferencista invitada en varias universidades de Estados Unidos. Publicación de 8 ediciones del libro Fundamentos Financieros, y 7 del libro Fundamentos Tributarios. Catedrática durante tres años en la Maestría de Derecho Tributario y Asesora de Tesis en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

post author

“El número de malhechores no autoriza el crimen.” Charles Dickens

Se ha vuelto recurrente en los últimos días, una situación por la que han saltado las alarmas, en un país kafkiano como el nuestro, en el que desafortunadamente la truhanería parece afianzarse, sin que el ciudadano pueda encontrar una respuesta institucional, a los males que amenazan su vida, su patrimonio y su bienestar, se ha convertido en un continuo problema, el vaciado de cuentas bancarias en unos bancos más que en otros, pero no debería suceder en ninguno, en detrimento de la clase horada del país.

El problema crece más, derivado de la obligación que le creó el legislador al contribuyente de los diferentes tributos, cuando a partir de 2017, producto del aumento desmesurado del dinero en negro que manejaba el sistema bancario europeo, especialmente Suiza, ese país decidió eliminar de su sistema el secreto bancario, derivado de ello el país europeo, empezó a reunir los datos bancarios de clientes extranjeros en cumplimiento de lo acordado con 38 socios de la OCDE.  En ese momento el Informe Mundial de la Ultra Riqueza del año 2014 informó, que el Istmo centroamericano tenía 43 millones de habitantes, de ellos 1,075 acaparaban el 79.3% del PIB de la región, en ese momento, algo inequitativo en esa época y hoy.

En ese contexto, y derivado de lo anterior se modificó el Código Tributario creando la figura de la resistencia a la acción fiscalizadora, por el hecho de omitir el registro en los libros de contabilidad de las cuentas bancarias e inversiones que el contribuyente posea en los distintos bancos o grupos financieros en el país o en el extranjero.

Así es como, en casos concretos debidamente justificados, se le otorgó a la SAT la potestad para que pidiera a cualquier entidad o persona, la información referente a actos, contratos y otros hechos de terceros, generadores de tributos, lo que significó que se vieran obligados por ley los contribuyentes a utilizar forzosamente el sistema bancario.

El problema para la mayoría de los usuarios de las organizaciones bancarias,  estriba en que, dentro de estas instituciones como de otras, a la sombra del servicio prestado, se suelen crear, algo que no debería suceder,  como lo son redes que utilizan la posición de algunos empleados para delinquir, sin importar la imagen de la institución para la que laboran, por lo que, la cantidad de usuarios que han visto cómo desaparece su dinero que han entregado al banco para su resguardo, crece día con día, y el MP, como siempre bien gracias, en lo personal estando en el banco pidiendo que me bloquearan la tarjeta porque empezaron a retirar dinero sin que yo supiera como, en ese preciso instante me apareció el mensaje que estaban retirando dinero de un cajero automático en el edificio de enfrente, con mi tarjeta, y yo con ella en las manos.

La situación es insostenible, porque los usuarios se encuentran desprotegidos, mientras su patrimonio se ha visto medrado, paralelamente siguen aumentando los casos y la desesperanza aumenta con el número de estos ilícitos, urge que tanto las instituciones encargadas de la aplicación de la Justicia, de oficio y ante la pasividad del MP, institución a la que le interesan solamente los casos políticos, se involucren a dar acompañamiento a las instituciones bancarias para establecer quienes son parte de estas células, recordando que si se acude a los bancos es por necesidad, y que estos son instituciones lucrativas, que deben responder del patrimonio de los usuarios, que han confiado en cada uno de estos establecimientos, para que, resguarden sus bienes, situación que los hace responsables, por lo que deben actuar de inmediato.

No podemos seguir dependiendo de las mafias, y menos aún permitir que limiten nuestro derecho de disfrutar de nuestros bienes, entre los que se encuentra el producto de nuestro trabajo.

La corrupción existe también en el ámbito privado, y es deber de todos erradicarla de las instituciones públicas o privadas.

Artículo anteriorGuatemala será el país que nos dé una eterna primavera
Artículo siguienteGuatemala se solidariza con Haití y pide una solución para lograr la paz