Todo indica que Guatemala es un país atípico bajo observación internacional, esto se deduce por la posición que asumen varios países de diferentes continentes, de diversas corrientes ideológicas y políticas al aplicar sanciones globales de movilidad y financieras, contra personas individuales que ocupan altos cargos en la administración pública del Estado guatemalteco, en particular del sistema de justicia, Poder Legislativo y los expresidentes Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) por corruptos, antidemocráticos y desestabilizadores que perjudican la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
Lo último de esta avalancha de sanciones internacionales, se supo esta semana que está por concluir, al publicarse un informe del Reino Unido que castiga a siete actores guatemaltecos, por acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Entre estos se incluye a la actual Fiscal General María Consuelo Porras y al expresidente Alejandro Giammattei. No menciono el resto de nombres, porque han sido ampliamente divulgados por todo el mundo, no crean que solo aquí.
El anuncio lo hizo el señor David Lammy, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, quien indicó que esta decisión es parte de un paquete de sanciones contra individuos corruptos de Guatemala, Moldavia y Georgia. Agregó que, “…el Reino Unido sigue profundamente preocupado por los continuos intentos de socavar el Gobierno de Bernardo Arévalo por parte de actores corruptos vinculados a la administración anterior”.
Reconoció el papel crucial que el periodismo de investigación independiente y organizaciones de sociedad civil, juegan al denunciar y combatir la corrupción. Señaló a la Fiscal General, por utilizar su poder para criminalizar a periodistas guatemaltecos que investigan y denuncian actos de corrupción. Recordó la criminalización, enjuiciamiento, condena y privación de libertad del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y el cierre de elPeriódico por una investigación sobre un presunto soborno que habría recibido el expresidente Giammattei, por parte de ejecutivos de una empresa minera rusa.
¿En qué consisten las sanciones? 1. Prohibido entrar al Reino Unido y sus territorios de ultramar. 2. Congelar bienes adquiridos y activos depositados en bancos de ese país o de sus otros territorios.
¿Qué razones fundamentan esta decisión? Combatir la corrupción y el dinero sucio en todo el mundo, amenazas globales que socavan los nacimientos de sociedades libres y democráticas.
Guatemala es un país atípico, debido a que el asunto de las sanciones internacionales contra actores guatemaltecos corruptos y antidemocráticos, adquiere notoriedad, pues repercute a nivel global y colocan al país en el ojo del huracán, sobre todo, porque la mayoría de sancionados ocupa altos cargos en los tres Poderes del Estado, ejemplo: Magistrados, jueces, Fiscal General, Fiscales de sección y distritales, diputados del Congreso o directores de instituciones gubernamentales. Además, exministros, exdiputados, exalcaldes y expresidentes Morales y Giammattei. Otros en ejercicio de cargos públicos han sido detenidos, procesados y condenados por actos de corrupción, muchos extraditados a Estados Unidos donde han sido juzgados y condenados, sea por corruptos o narcotraficantes.
A nivel internacional, Guatemala tiene mala carta de presentación, imagen negativa que revela una clase política corrupta y el nivel de penetración y control del aparato de Estado, cooptado por redes de corrupción e impunidad, crimen organizado y narcotráfico.
Los actores corruptos citados y otros, están sancionados por Gobiernos de Estados Unidos, Unión Europea y ahora el del Reino Unido. Y es que, son tantos y descarados los actos de corrupción e impunidad de redes que aún controlan buena parte de instituciones públicas guatemaltecas, que no se puede tapar el sol con un dedo, no pasan inadvertidos, ni se deben ignorar, hacerlo sería consentir impunidad y admitir que se repitan.
Bien por la vigilancia y reacción de comunidad internacional y la lucha de periodistas independientes y organizaciones de sociedad civil, que investigan y denuncian a actores corruptos e impunes.
