Homenaje a miles de mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños, abuelas y abuelos víctimas de violaciones de derechos humanos, de la política contrainsurgente que fustigó a la población guatemalteca y que el Estado, aplicó indiscriminadamente durante el Conflicto Armado Interno.
Un día como hoy hace 27 años, el 29 de diciembre de 1996 asistí al Palacio Nacional invitado por el presidente Álvaro Arzú, a presenciar el solemne acto de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que ese día suscribieron funcionarios del citado Gobierno guatemalteco y miembros de la comandancia general de las organizaciones guerrilleras representadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Aquel día, 27 años atrás, terminó en Guatemala la guerra que duró 36 años (1960-1996), uno de los conflictos armados internos más antiguos de América Latina, después de Colombia.
Ese acuerdo fue resultado final del proceso de negociación entre organizaciones insurgentes y funcionarios oficiales del Gobierno de turno, iniciado durante la administración del presidente Vinicio Cerezo Arévalo, diez años antes en 1986. Desde el principio, el proceso de negociación tuvo acompañamiento y apoyo de un bloque de países amigos de Guatemala y del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyos delegados condujeron el proceso de diálogo y mediaron la mesa de negociación.
El proceso de mediación, diálogo y negociación entre funcionarios de Gobierno y fuerzas revolucionarias que duró 10 años, produjo un paquete de acuerdos de paz operativos y sustantivos, pero sobre todo compromisos del Estado, que abarcan temas genéricos estructurales de carácter socioeconómico, étnico cultural y político social históricamente abandonados y sin resolver.
Lo que pudo haber sido y no fue. Los Acuerdos de Paz, se consideran una agenda mínima, un punto de partida para iniciar un proceso de cambio y crear condiciones para mejorar la situación de pobreza y extrema pobreza que padecen grandes mayorías sociales de la población guatemalteca. Para cumplir, se requería implementar una institucionalidad de la paz, encargada de atender los asuntos de su competencia. En los primeros doce años se inició esta implementación, después ese esfuerzo disminuyó, afloró la falta de voluntad política de Gobernantes para cumplir con los Acuerdos de Paz; las últimas tres administraciones desmantelaron la restante y débil institucionalidad de la paz; el paquete de acuerdos sustantivos conseguido, permanece olvidado en algún rincón del baúl de los recuerdos.
El Gobierno saliente de Alejandro Giammattei, termina su período con escasa popularidad y repudio nacional e internacional por intentar ultrajar la voluntad popular expresada en las urnas el 25 de junio y 20 de agosto 2023 respectivamente, por dirigir la tentativa de romper el orden constitucional y por sus actos de corrupción.
El presidente entrante Bernardo Arévalo, tiene la oportunidad histórica de intentar enderezar el rumbo, limpiar la casa, barrer redes de corrupción e impunidad que tienen cooptado al Estado. Espero que retome la dirección correcta, promueva y reconstruya la institucionalidad de la paz, una política de derechos humanos que observe y respete esos derechos y voluntad política para cumplir con la agenda mínima de los Acuerdos de Paz.
Para Guatemala el Año Nuevo 2024 empieza con buenos pronósticos o como decían las abuelas, “…es buen agüero”. Cambio en los tres Poderes, Gobierno central, Legislativo y Judicial, también en las 340 corporaciones municipales de todo el país. Año Nuevo en esas condiciones es “buen agüero”, un florecer esperanzador para cumplir la deuda social que el Estado tiene con la sociedad.
¡Que sus metas y deseos para el 2024, se cumplan!
