La crisis política y social que estalló en Guatemala a partir del resultado de las votaciones generales celebradas el 25 de junio de 2023 y la lucha de resistencia ciudadana no violenta que se inició, siguen vigentes. La cuestión de fondo planteada por colectivos y organizaciones de sociedad civil encabezadas por los 48 Cantones de Totonicapán, alcaldías indígenas de varios Departamentos y autoridades ancestrales de pueblos originarios en resistencia no violenta, sigue sin resolverse. Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conoció las denuncias que un grupo de ex operadores de justicia guatemaltecos en el exilio, presentó ante esa Comisión.
¿Cuál es la cuestión de fondo que aún no se resuelve? Es la solicitud de renuncia de varios funcionarios del sistema de justicia guatemalteco, pertenecientes al Organismo Judicial (OJ) y al Ministerio Público (MP), a quienes se señala como actores responsables de ejecutar un golpe de Estado técnico judicial, que mediante acciones jurídicas y judiciales criminalizan a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a funcionarios del Registro de Ciudadanos del TSE, a dirigentes políticos del partido Movimiento Semilla y a ciudadanos que hicieron trabajo voluntario en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), Juntas departamentales y municipales.
Ese grupito de funcionarios pertenece al bloque en el poder que se niega a perder jugosos negocios y privilegios que les promete la corrupción e impunidad, por eso ambicionan anular las votaciones realizadas e imposibilitar que el binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman la jefatura del Poder Ejecutivo el 14 de enero de 2024.
Durante el 188 período de sesiones de la CIDH realizada el 8 de noviembre de 2023, se conoció en audiencia temática la petición de cuarenta y cuatro personas, de nueve organizaciones de derechos humanos (DD. HH.) guatemaltecas y dieciséis organizaciones de sociedad civil internacionales. Esta audiencia fue presidida por Esmeralda Arosemena de Trotiño, Primera Vicepresidenta de la CIDH y Relatora para Guatemala, acompañada de Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva y relatores temáticos de la CIDH. El objetivo de esta audiencia: Poner en conocimiento de la CIDH la información recogida sobre el deterioro del Estado de derecho y la excesiva criminalización mediante el uso del derecho penal contra opositores políticos, operadores y administradores de justicia, periodistas y defensores de DD. HH.
En nombre de los peticionarios y de forma presencial hablaron juristas nacionales que se encuentran en el exilio, la primera fue Claudia Escobar Mejía, ex magistrada, quien analizó el deterioro del Estado de derecho, la persecución contra operadores de justicia y abogados independientes. Siguió Flor de María Gálvez. Luego Eda Gaviola informó sobre ataques y criminalización a defensores de DD. HH., Claudia Paz y Paz relató la criminalización a opositores políticos. Por último, Francisco Sandoval ex fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó un pliego de peticiones, entre las que incluyen solicitar medidas cautelares para los dirigentes de los 48 Cantones y otras personas vulnerables.
La delegación del Estado guatemalteco participó de forma virtual, presidida por Ramiro Alejandro Contreras Escobar, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH.) Dicha delegación negó los hechos denunciados por los peticionarios y rechazó las acusaciones planteadas.
La respuesta del Estado guatemalteco fue criticada por parte de la Vicepresidenta, la Secretaria Ejecutiva y los Relatores temáticos de la CIDH, por considerar que no responde a los cuestionamientos planteados por los peticionarios.
La audiencia finalizó solicitando al Estado de Guatemala que autorice visitas de los Relatores temáticos y permita visitar a los detenidos políticos en las cárceles.
