La crisis política social desatada en Guatemala producto de los actos ilegales y abusivos del Ministerio Público (MP), dirigidos contra magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), contra el partido político Movimiento Semilla y el presidente electo Bernardo Arévalo, contra ciudadanos que integraron las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en las pasadas votaciones generales y contra la voluntad popular expresada en las urnas, sigue sin resolverse porque el problema de fondo persiste.
¿Cuál es el problema de fondo? Es la acción concertada de funcionarios públicos y políticos corruptos e impunes, que actúan coludidos con el núcleo duro de las elites, de militares y redes del crimen organizado para impedir que haya cambio de autoridades en enero 2024. Este bloque en el poder dirigido por el presidente saliente Alejandro Giammattei, se resiste a perder los privilegios que les promete la corrupción e impunidad, quiere anular el resultado de las votaciones; para eso utilizan al sistema de justicia cooptado (MP y Organismo Judicial OJ) y ejecutan un golpe de Estado técnico judicial que como ya dije antes, pretende descarrilar el proceso electoral y burlar el voto popular.
Esta estrategia perversa de los corruptos indignó a la población, provocó que autoridades ancestrales de pueblos originarios y alcaldías indígenas encabezadas por los 48 Cantones del departamento de Totonicapán, convocaran a una jornada de protesta y resistencia no violenta mediante el bloqueo de carreteras, un plantón permanente ante el MP en ciudad de Guatemala y exigir la renuncia de Fiscal General y Jefe del MP Consuelo Porras, del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, de la fiscal Cynthia Monterroso y del juez Fredy Orellana, estas renuncias no se lograron.
Los bloqueos duraron veinte días, se paralizó la actividad de producción y comercialización, se empezó a sentir el desabastecimiento de todo tipo. El Gobierno guatemalteco invitó a una misión mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó a Guatemala y logró instalar una mesa de diálogo entre el Gobierno y autoridades indígenas. Posteriormente, esfuerzos diplomáticos junto con el presidente entrante Bernardo Arévalo, abrieron diálogo entre autoridades indígenas y sector empresarial.
Estos diálogos permitieron acuerdos que disminuyeron la tensión de las últimas semanas, se levantaron bloqueos, se mantiene la petición de renuncia de los funcionarios cuestionados a quienes se señala como actores principales del golpe de Estado y vulnerar la institucionalidad democrática, se mantiene la lucha de resistencia no violenta, plantones en las oficinas del MP, tanto en ciudad Guatemala como en otros municipios de la República.
Esta crisis nacional atrajo la atención internacional y provocó “graves preocupaciones” que, hasta ahora, se manifestó con la intervención directa de la OEA al más alto nivel (dos visitas del Secretario General y una misión mediadora). Esta última semana de octubre, las significativas visitas del subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado del Gobierno estadounidense, Brian A. Nichols. Del director general de la Unión Europea (UE) para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Brian Glynn. Y, por último, del embajador de derechos humanos de los Países Bajos, Wim Geerts.Mi
Las visitas diplomáticas citadas, llegaron con el propósito de apoyar el proceso democrático y a las autoridades elegidas, pedir respeto a la voluntad ciudadana y que en enero 2024 el traspaso de poder concluya en paz y armonía. Advirtieron que, si se insiste en descarrilar el proceso electoral e impedir el cambio de autoridades, se aplicarán sanciones al país que provocarían el aislamiento internacional.
