Guatemala atraviesa una nueva crisis política social inédita sin precedentes, se caracteriza por ataques entre instituciones del mismo Estado, esta vez, el sistema de justicia cooptado por redes de corrupción e impunidad representado por magistrados, jueces y Ministerio Público (MP) enfrentado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sus máximas autoridades, o sea, magistrados y altos funcionarios de ese tribunal.
La guerra jurídica judicial contra el TSE comenzó después de la primera vuelta de votaciones generales realizada el 25 de junio del presente año, por el resultado que sorprendió a propios y extraños, encendió las alarmas y asustó a los corruptos en el bloque de poder, porque se cayó la estrategia que les aseguraba continuar en el ejercicio del poder público. El jaque mate ocurrió en la segunda vuelta el 20 de agosto, cuando por una mayoría aplastante el binomio de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar del partido Movimiento Semilla fue el vencedor.
El resultado final fue un claro rechazo a la clase política corrupta, fruto del hartazgo ciudadano que comprendió la necesidad de un cambio para desalojar a los corruptos e impunes que, durante las últimas décadas en contubernio con las élites depredadoras, intervinieron los tres poderes del Estado y cooptaron todas las instituciones públicas para beneficiar intereses particulares y corporativos.
Las comunidades nacional e internacional han observado cómo el uso excesivo del Derecho penal, las acciones ilegales e inconstitucionales del MP, la prepotencia y autoritarismo de los gobernantes amenazan la institucionalidad democrática, erosionan la vigencia del Estado de Derecho y transgreden el ejercicio ciudadano del derecho a elegir y ser electos. Los corruptos intentan descarrilar el proceso de votación, romper el orden constitucional y desconocer la voluntad popular. Acciones ilegales insólitas y abuso de poder de algunas autoridades, estimulan la indignación y la resistencia ciudadana que cada día crece, se fortalece y avanza.
Esta semana por iniciativa de las alcaldías indígenas y autoridades ancestrales de pueblos originarios, se convocó al paro nacional en defensa de la democracia e iniciaron bloqueos en las carreteras del país, manifestaciones pacíficas y un plantón permanente en las oficinas centrales del MP en ciudad de Guatemala. Exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de Cyntia Monterroso, así como la del juez Fredy Orellana.
Por otra parte, la Corte de Constitucionalidad CC declaró con lugar el recurso de Amparo interpuesto por las cámaras empresariales y ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC), liberar el paso en las carreteras para garantizar la libre circulación de vehículos y personas.
Mientras tanto, el bloque en el poder confabulado con el MP, la Corte Suprema de Justicia CSJ, la CC y la mayoría de diputados del Congreso de la República, sigue tejiendo condiciones para descarrilar el proceso electoral, anular las votaciones, cerrar el paso al proceso de transición de poderes, impedir que el 14 de enero de 2024 se produzca cambio de autoridades e inhabilitar la toma de posesión de Arévalo y Herrera.
La situación se pronostica compleja y difícil para la ciudadanía y el binomio triunfador, el bloque en el poder no acepta el resultado de las votaciones, hace todo lo posible para mantener su impunidad y asegurarse de no perder los privilegios que brinda la corrupción. Se anuncian tiempos peliagudos de potencial represión, violencia y violaciones de derechos humanos.
