En el Congreso de la República de Guatemala o IX legislatura cuyo período constitucional vence el 14 de enero de 2024, algunas bancadas de diputados corruptos, entre ellas la de Vamos del partido oficial, corren contrarreloj para aprobar a toda marcha y a como dé lugar, cuatro polémicas iniciativas de ley que interesan y favorecen a grupos corporativos endógenos y exógenos, a redes de corrupción e impunidad incrustadas en los tres Poderes del Estado y a militares condenados por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos (DD. HH.)
Las cuatro iniciativas de ley que aludo y que algunas ya fueron conocidas antes, son perjudiciales para la población y el país, para la institucionalidad democrática y para el respeto de los derechos humanos. Estas son las siguientes: La 6021 que reforma la Ley de Hidrocarburos. La 6099 que otorgaría amnistía a violadores de DD. HH. La 6239 que reforma la Ley de Organismo Judicial y la 6283 conocida como “Ley Monsanto.”
La 6021 fue presentada y promovida por el presidente Alejandro Gimmattei, se orienta a reformar la Ley de Hidrocarburos para que sea el presidente quien extienda por otros 25 años más, la concesión de explotación de petróleo a la transnacional Perenco que tiene el 80% de la producción y a otras cuatro empresas extranjeras que extraen ese carburante. Perenco paga al Estado el 5% de regalías y al menos tres de ellas, la Petrolera del Istmo, la Latín American Resources y la Petro Energy S.A. adeudan al Estado guatemalteco alrededor de 19 millones de dólares.
¿Qué interés mueve a Giammattei para apresurar la aprobación de esta iniciativa? Al respecto, Orlando Blanco, diputado reelecto del partido Vos sostuvo: “Los diputados están pidiendo entre Q200 y Q300 mil, pero les están ofreciendo Q100 mil. No les han llegado al precio”. La diputada reelecta por el partido Winaq, Sonia Gutiérrez, recordó: “Faltan dos años para que la empresa Perenco finalice el contrato, llama la atención que ellos a la fuerza quieren aprobar la ley, pero hay muchos diputados que todavía no están seguros de dar su voto, es por eso que la estrategia es llevar a alcaldes y gobernador para hacer planteamiento desde el poder local”.
La iniciativa 6099, por absurdo que parezca fue presentada por la institución del Procurador de DD. HH., pese a que choca con normas constitucionales y compromisos internacionales del Estado guatemalteco en materia de DD. HH.; pretende fomentar impunidad y otorgar amnistía a actores criminales condenados por crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a esos derechos y libertades fundamentales, delitos imprescriptibles en el tiempo y el espacio.
La 6239 plantea reformas a la Ley del Organismo Judicial y algunos diputados como Edgar Batres de la bancada de Winaq, considera que es inconstitucional, que vulnera la carrera judicial y quebranta al Consejo de la carrera judicial. Hay quienes estiman que las reformas propuestas son un intento de blindar a las altas Cortes.
Por último, la 6283, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales o “Ley Monsanto”, resucitada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso, plantea privatizar las semillas criollas, favorecer intereses de corporaciones transnacionales y otorgar patentes para producir y comercializar semillas transgénicas para los cultivos. Los transgénicos perjudican a los campesinos indígenas, vulneran la propiedad intelectual de las poblaciones ancestrales y son un riesgo para la soberanía y seguridad alimentaria.
Estas iniciativas son nocivas, no obstante, para apresurar su aprobación están ahora en agenda legislativa. Alerta para oponerse a este tipo de iniciativas de ley regresivas.
