Factor Méndez

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Defensor Derechos Humanos. Catedrático. Periodista/Escritor. Estudió Derecho, Derechos Humanos y Trabajo Social en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Catedrático San Carlos y Rafael Landívar. Fundador Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos CIEPRODH. Autor de ensayos y artículos sobre temas sociales, políticos, memoria histórica y Derechos Humanos.

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La resistencia miteca, organizaciones sociales y vecinos de Asunción Mita, Jutiapa en conjunto con otros colectivos de sociedad civil guatemaltecos y de El Salvador, celebraron durante tres días del 16 al 18 de septiembre 2023, el primer aniversario de la consulta municipal comunitaria que por decisión de la mayoría ciudadana rechazó las operaciones de extracción minera del proyecto Cerro Blanco, propiedad de la empresa transnacional de capital canadiense Elevar Resourses perteneciente a la familia Lundin. Dicho proyecto minero se localiza en ese municipio del oriente guatemalteco.

¿Porqué se realizó la consulta de vecinos? Una declaración conjunta de varias organizaciones binacionales (Guatemala-El Salvador) indica que desde el 2007 la empresa transnacional Entremares S.A. implantó el proyecto minero Cerro Blanco, pero nunca extrajo ni un gramo de oro a causa de, “…un pésimo Estudio de Impacto Ambiental, aprobado fraudulentamente por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, incumpliendo con el derecho a la información y consulta previa al pueblo de Asunción Mita”.

Dicha declaración afirma que desde el 2007, las operaciones mineras de Cerro Blanco causaron impactos negativos en lo social y ambiental por lo que Entramares S.A. fue vendida a Gold Corporation otra transnacional que, ante el fracaso del proyecto, vendió en 2019 los derechos a la empresa canadiense Bluestone Resourses que cambió el nombre de Entremares S.A. a Elevar Resourses. Denuncia la declaración, que los nuevos propietarios se dieron cuenta que tenían que cambiar el proyecto inicial de minería subterránea de túneles por la minería a cielo abierto o tajo abierto que, “…es mucho más destructiva y cuyos daños al ambiente y al agua son irreversibles, para esto contaron con el apoyo incondicional del MARN, que emitió el decreto ministerial 319-2019 que reforma la normativa ambiental para permitir la actualización de los estudios de impacto ambiental, con la intención de violentar nuevamente el derecho a la información y consulta al pueblo miteco”. 

A la fecha, dicha actualización no ha sido aprobada y tanto el pueblo miteco como salvadoreño saben que la minería a cielo abierto, provocaría daños sociales y ambientales por la contaminación con arsénico y metales pesados en la cuenca del río Ostúa y el lago de Guija que alimentan al río Lempa uno de los más importantes para El Salvador.

Es necesario señalar que el derecho a la información y consulta previa son claves para el fortalecimiento de la democracia porque son derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala y ratificados por Tratados y Convenios internacionales  aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala entre los que está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT que reconoce el derecho a la participación ciudadana, a la libre determinación y soberanía de los pueblos, así como la protección de los territorios y bienes naturales que son garantía para las presentes y futuras generaciones.

Lo que hasta ahora ha logrado la resistencia miteca en su lucha por la defensa del territorio y por un medio ambiente sano y sostenible, es un ejemplo claro del poder de la unidad y la organización para que los derechos humanos sean respetados por el Estado y sus agentes. Es un paradigma que se debe reproducir, porque fortalece las luchas de otras resistencias que en varios territorios promueven los pueblos. 

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