Los ataques a periodistas y a la libertad de expresión aumentaron durante las votaciones generales realizadas en Guatemala el 25 de junio y el balotaje que se llevó a cabo el pasado 20 de agosto. Así lo revela un informe publicado por el Observatorio de los Periodistas, que contabiliza 120 agresiones durante los primeros siete meses del presente año.
Según las estadísticas del informe, en junio y julio se registró un aumento de más del 50 por ciento de casos en comparación con los primeros cinco meses del año, pues de enero a mayo dicho Observatorio recibió la denuncia de 71 hechos en contra de la prensa, en tanto que, los últimos dos meses los casos aumentaron a 49.
El cierre de la campaña electoral y en los días de los comicios aumentaron los ataques, las restricciones al libre ejercicio periodístico y el acoso a periodistas, especialmente en la primera y en la segunda vuelta, en particular durante el horario de las votaciones y en el conteo final de votos. El período electoral y las acciones del Estado, ampliaron las acciones violentas y represivas contra el gremio periodístico, una característica que ha sido notoria desde inicios del actual Gobierno de Alejandro Giammattei.
Solo el día de la primera votación (06/25), el Observatorio registró 18 casos relacionados con el impedimento de los presidentes de las Mesas Receptoras de Votos o de los coordinadores de los Centros de Votación, quienes debían permitir que los periodistas realizaran libremente su labor. En los días previos y posteriores a las votaciones se denunciaron actos de acoso, destrucción de equipo, amenazas, impedimento para observar el desarrollo de los comicios y campañas difamatorias contra periodistas y medios de comunicación, debido a la cobertura o los comentarios realizados sobre candidatos o el proceso electoral.
Los hechos denunciados, atribuidos a autoridades electorales no debieron ocurrir, pues las mismas credenciales que el Tribunal Supremo Electoral TSE otorgó a los periodistas acreditados, indican textualmente que los observadores nacionales podrán: “Presentarse a los Centros de Votación, con su acreditación visible, ajustándose a los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad para observar los actos relacionados con: Respeto a las Leyes y autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Instalación de las Mesas Receptoras de Votos. Apertura de votación. Desarrollo de la votación. Escrutinio de la votación en las Juntas Receptoras de Votos. Cierre de la votación y llenado del Acta Final Cierre y Escrutinios.”
En la primera y segunda vuelta la mayoría de actos violatorios se relacionan con el impedimento de las Mesas Receptoras de Votos o de los coordinadores de los Centros de Votación para que los periodistas cubrieran la votación o el conteo de votos. En uno de los casos, originado en Cobán, Alta Verapaz, los responsables de un Centro de Votación impidieron al reportero de una radio local ejercer su labor informativa, aduciendo que debía portar una “acreditación municipal”. Las autoridades del citado centro vulneraron el derecho a informar, pese a que el reportero portaba su respectiva credencial del medio y la acreditación del TSE.
Otros hechos relacionados con el alcalde de San Pedro Carchá en Alta Verapaz ocurrieron el 29 de junio, cuando un grupo de sus seguidores realizó una protesta departamental alegando un supuesto fraude. Durante la manifestación, dos simpatizantes del alcalde agredieron a un corresponsal de Prensa Comunitaria, le arrebataron uno de sus teléfonos, le dañaron un trípode y un micrófono.
El informe del Observatorio agrega que, la falta de garantías por parte del TSE y la ausencia de disposiciones claras hacia las Juntas Electorales Departamentales y Municipales, dieron lugar a que los abusos a reporteros durante los días de las votaciones, se repitieran en los departamentos de Alta Verapaz, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y la ciudad de Guatemala.
Las libertades de expresión, pensamiento, información, investigación y prensa, son derechos humanos y constitucionales que las autoridades de Estado y Gobierno tienen el deber y obligación de respetar.
