En solidaridad con el pueblo y las organizaciones indígenas peruanas reprimidos por fuerzas de seguridad del Estado, policías y ejército del régimen golpista que encabeza Dina Boluarte. Hasta ayer jueves 12 de enero 2023, se contabilizan 48 personas ejecutadas durante las masivas manifestaciones de protesta, provocadas por la destitución y posterior captura de Pedro Castillo, presidente constitucional depuesto por el Congreso de ese país en diciembre 2022.
En Guatemala el próximo 14 de enero 2023, el presidente Alejandro Giammattei Falla presentará al Pleno del Congreso Nacional el informe anual (2022) sobre el estado de la situación nacional, las ejecutorias, logros y proyectos del tercer año de gobierno. Como todos los años, la retórica del Ejecutivo estará orientada a resaltar las obras ejecutadas, los “éxitos obtenidos”, los programas impulsados, resultados logrados y otro tanto de triquiñuelas para explicar errores y fracasos.
Hablará del éxito de su política económica, pero no dirá que los indicadores macroeconómicos arrojan saldo positivo por la inyección proveniente de las remesas que migrantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos (EE. UU.) envían a sus familias cada mes. Guatemala es un país que expulsa a sus propios nacionales, porque no ofrece oportunidades para el desarrollo y progreso humano.
Nada explicará porqué después de más de dos años de existir la pandemia Covid-19, los guatemaltecos es la población con menos porcentaje de vacunación recibida. Millones de habitantes continúan sin recibir o completar el esquema de inmunización. En tal sentido, la política gubernamental de salud es un fracaso.
Otra materia de la que poco o nada se dirá, son los altos índices y niveles de inseguridad pública manifestada en, asaltos en la vía pública o en el transporte colectivo, allanamientos y robos en residencias, violaciones sexuales, secuestros, desapariciones y muerte violenta de niñas, adolescentes y mujeres adultas, acciones de redes del crimen organizado, trasiego y comercio de armas, municiones, drogas, corrupción e impunidad.
Hasta las poderosas organizaciones cúpulas de las élites económicas y empresariales del país, publicaron el 10 enero 2023 sendos comunicados que reclaman a las autoridades del gobierno encargadas de la seguridad pública el cumplimiento de sus funciones y exigen “cero tolerancia a estos actos criminales.”
Publicados por el Comité de Asociaciones Comerciales, Agrícolas y Financieras (CACIF) y por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). Uno de los párrafos del comunicado de la CIG manifiesta: “Es imperativo que se coordinen acciones de las fuerzas de seguridad civil, municipal y del Ejército para garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos.”
El del CACIF señala que, “La seguridad de todos los guatemaltecos debe ser una prioridad. El Estado debe garantizar el bienestar y la seguridad de todas las familias guatemaltecas en cada rincón del país.”
¡Qué curiosa la rogativa de los empresarios! Son los que financiaron campañas electorales de políticos corruptos. Los mismos que pidieron perdón públicamente por haber cometido financiamiento electoral ilícito a favor del saltimbanqui Jimmy Morales. Los que financiaron un lobby millonario para desarmar a la CICIG. Los que apoyan a la jefa del Ministerio Público, incluida en la lista Engel, sancionada por ser actora antidemocrática y corrupta. Los que están felices con una Corte Suprema de Justicia espuria que debilita el Estado de Derecho y tuerce la aplicación de la justicia.
Así que, la retórica del próximo informe del Ejecutivo intentará divulgar una imagen angelical de los actos gubernamentales, de los éxitos obtenidos porque…, “Guatemala es asombrosa e imparable.”
Entonces, ¿Cuál es el mensaje? ¡No sean cínicos y desvergonzados!
