Factor Méndez Doninelli
El actual Gobierno guatemalteco presidido por Alejandro Giammattei ha implementado de enero 2020 a octubre de 2022, un total de 24 estados de excepción, es decir, en los últimos dos años los habitantes de este país fueron obligados a vivir bajo un régimen de suspensión de derechos, garantías y libertades constitucionales.
En 24 meses Giammattei, ha impuesto 24 Estados de excepción. ¡Todo un récord típico de dictaduras corruptas y antidemocráticas que, ante su manifiesta incapacidad e impopularidad, acuden al uso y abuso de la fuerza para gobernar! Los dos últimos años, los guatemaltecos fueron forzados a vivir entre estados de sitio, de calamidad y de prevención, significa en promedio, que sus derechos y garantías fueron restringidos todos los meses.
Un informe reciente publicado por Cristosal, una organización regional que trabaja en la defensa de derechos humanos señala que, durante la vigencia de los estados de excepción se militarizó la seguridad pública y las fuerzas de seguridad del Estado, ejército y policía nacional civil (PNC), tienen responsabilidad por abusos contra los derechos humanos de la ciudadanía.
Las justificaciones para imponer los Estados de excepción fueron la pandemia de COVID-19, inseguridad pública, caravanas de migrantes centroamericanos, conflictos por límite de tierras, sociales por alto costo de energía eléctrica, emergencia humanitaria y sanitaria, atención de daños provocados por tormentas Eta e Iota y los efectos de la depresión Julia.
El citado informe advierte sobre la opacidad en el uso de los fondos aprobados, indicando que no existe información específica del destino del dinero y tampoco de la solución del problema que originó la decisión de imponer el Estado de excepción, “lo que puede viabilizar mayor corrupción.”
El informe expresa preocupación porque los Organismos Ejecutivo y Legislativo, “siguen invocando la Ley de Orden Público (LOP) adoptada en 1965, época de la contrainsurgencia y promulgada por un régimen de facto, que no se adapta a las condiciones actuales en que debe prevalecer un Estado constitucional y democrático de derecho.”
En términos comparativos con respecto a otros países de la región centroamericana, el informe añade que una situación similar ocurre en Honduras y El Salvador, “donde la normalización de la seguridad militarizada debilita el Estado democrático de derecho en las frágiles democracias que emergieron de décadas de dictadura y conflictos armados.”
Comparto la misma opinión, en un Estado democrático de derecho que se supone rige en estos países, no es válido limitar los derechos ciudadanos y tampoco militarizar la seguridad pública puesto que, esos escenarios son propicios para cometer abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, en el caso de Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, ha recomendado al Gobierno evitar que el ejército intervenga en tareas de seguridad pública, puesto que esa es función exclusiva de la policía nacional civil (PNC).
En tal sentido, el patrullaje conjunto policía-ejército es signo de militarización que no debe ocurrir y sin embargo sucede. Con esa decisión el Gobierno guatemalteco desestima las recomendaciones hechas por la mencionada Comisión Interamericana.
En este contexto el desafío ciudadano es, impedir que los Estados de excepción, la suspensión de derechos, libertades y garantías, así como el abuso a los derechos humanos sean permanentes.
