Factor Méndez Doninelli
A nadie debe sorprender que, el Estado de Guatemala vuelva a ser incluido en la lista negra de países que violan los derechos humanos (DD. HH.) de su población, debido a que incumple con compromisos y estándares internacionales que, en esa materia está obligado a observar y respetar. Según el informe anual 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado hace ocho días, el 2 de junio, en este país se observan graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales de las personas.
Es la historia continua y recurrente de Guatemala, un país gobernado por mafias, élites y empresarios depredadores, militares genocidas violadores de DD. HH., políticos fascistas y corruptos. Una de las preocupaciones centrales de la CIDH, son las acciones de altas autoridades del Estado y del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, encaminadas a debilitar la independencia judicial que se manifiesta con la intromisión en el Sistema de Justicia, la criminalización y estigmatización de jueces y fiscales que pretende inmovilizar la lucha contra la corrupción e impunidad.
Después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que puso fin a treinta y seis años de guerra interna, se elevó la esperanza de la ciudadanía en la construcción de un país democrático, incluyente, libre de racismo y discriminación, sobre todo, respetuoso de los DD. HH., pero ocurrió todo lo contrario. Los ejemplos sobran, los últimos Gobiernos, incluyendo al actual, demolieron la institucionalidad de la paz, excluyeron la auditoría social de expertos mundiales y con vehemente soberbia se niegan a cumplir con compromisos internacionales de DD. HH. Una muestra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias contra el Estado guatemalteco en no menos de 15 casos relacionados con graves violaciones a DD. HH. cometidas contra población civil desarmada durante el Conflicto Armado Interno. Dichas sentencias ordenan garantizar justicia y reparación a las víctimas, pero resulta que, a la fecha el Estado se niega a cumplir con tales resoluciones.
En materia de DD. HH. es conocido que el Estado viola estos derechos por acción u omisión. Por ello, cuando se habla de inseguridad pública o alimentaria, de vencimiento de vacunas que se traduce en la pérdida de millones de quetzales, del deficiente sistema de educación, de las escuelas públicas en mal estado o de desnutrición crónica infantil, nos referimos a violaciones de DD. HH. por omisión; mientras que, cuando se denuncian detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles e inhumanos, criminalización de las luchas sociales, restricción a las libertades de pensamiento, expresión, información y prensa, persecución y represión a periodistas o defensores de DD. HH. se consideran violaciones del Estado por acción.
Por estas y muchas otras acciones y omisiones del Estado, es que Guatemala tiene una extensa trayectoria y antecedentes negativos que hacen que, frente a la observación internacional el Estado aparezca con las peores calificaciones, visto como uno que viola sistemáticamente los DD. HH. de su población.
No se puede ocultar el sol con un dedo, razón tienen los observadores internacionales cuando como sucede con el informe de la CIDH, condenan al Estado guatemalteco por violaciones a DD. HH. y lo colocan otra vez, en la lista negra, una delicada situación para el país. Lo más indignante es que, pese a la contundencia de los hechos que le constan a todo el mundo, hay funcionarios públicos descarados que pretenden manipular y distorsionar la realidad de los hechos y ocultar la responsabilidad que tienen en las graves violaciones a los DD. HH.
