Factor Méndez Doninelli
El pasado 19 de octubre del presente año, una caterva de militares retirados asaltó con violencia y lujo de fuerza las instalaciones del Congreso nacional, para exigir la aprobación de una ley que les otorgue indemnización por supuestos servicios prestados a las Fuerzas Armadas durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996) y que según su demanda exigen un pago de Q120 mil, equivalente a unos 15 mil dólares estadounidenses para cada quien. Ese día, los militares derribaron por la fuerza el portón del lugar que sirve de parqueo para vehículos de diputados y trabajadores de ese Organismo de Estado. La acción violenta e ilegal de los militares retirados ocasionó cuantiosos daños, destrucción del portón de entrada, incendio de cinco vehículos, tres motocicletas y varias oficinas. Además, no menos de ocho periodistas que cubrían los hechos fueron agredidos, golpeados, lesionados y sus equipos fotográficos, grabadoras y celulares destruidos. Por los hechos hay dos individuos capturados.
El ataque al Hemiciclo ocurrió ante la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil PNC, quienes no intervinieron y cuando lo hicieron fue extemporáneo, pues los hechos se habían consumado. Llama la atención que en otras ocasiones, como sucedió en noviembre de 2020 durante una manifestación pacífica de ciudadanos y organizaciones sociales, la PNC la disolvió violentamente con saldo de heridos, lesionados, intoxicados por efecto de los gases lacrimógenos y varias personas capturadas entre mujeres y hombres. Una clara diferencia de actuación de la PNC con respecto al trato hacia los ciudadanos pacíficos y con los militares retirados que actuaron con uso de fuerza, sembraron el caos y provocaron claros actos terroristas. Es de esperar que el Ministerio Público actúe en consecuencia.
Los ataques contra periodistas han levantado un repudio generalizado debido al incremento de las agresiones y la intolerancia al derecho de informar y ser informados. Las principales entidades de prensa del país manifestaron su rechazo a este tipo de conductas criminales y terroristas. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), mediante la Comisión de Libertad de Prensa expresó: “También esperamos que se investigue el actuar cuestionable de la policía que permitió que la manifestación se volviera violenta y se agrediera a los periodistas. Usualmente la policía despliega decenas de elementos cuando existen protestas en cercanías del Palacio Nacional o del Congreso, pero en esta ocasión los agentes se habrían retirado pasada la mañana y su respuesta luego de los incidentes fue tardía”.
Por su parte, la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) condenó las agresiones contra periodistas y rechazó los actos “…que vulneran la libertad de expresión del pensamiento”. También el Instituto de Previsión Social del Periodista se sumó al repudio por los ataques y urgió a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, que muestre resultados concretos de la investigación iniciada. Asimismo, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) rechazó los actos violentos provocados por los militares retirados, anunció que abrió de oficio un expediente sobre los incidentes y que presentará una denuncia penal.
La preocupación del gremio periodístico es por la desvalorización de los derechos y libertades de expresión, pensamiento, investigación e información, manifestada a través de ataques a periodistas, a medios de comunicación independientes, acusaciones espurias contra comunicadores amenazas, intimidaciones y en algunos casos hasta judicialización de casos. Todo con el afán de acallar las voces críticas contrarias a los abusos, intolerancia y autoritarismo de los gobernantes de turno.
