Las profesiones nacieron con una promesa sencilla y poderosa: poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Ingenieros para llevar agua potable, médicos para preservar la vida, abogados para defender la libertad y maestros para formar ciudadanos. Esa promesa, sin embargo, no solo está en crisis; en muchos casos, ha sido sustituida por una simulación.
En países como Guatemala, el problema no es la ausencia de profesionales, sino la distancia creciente entre el título y la función social. Según datos regionales del Banco Mundial y la CEPAL, América Latina ha incrementado de forma sostenida su cobertura universitaria en las últimas dos décadas, pero ese crecimiento no se ha traducido proporcionalmente en mejoras en productividad, calidad institucional o acceso equitativo a servicios básicos. Guatemala no es la excepción: más egresados, pero no necesariamente mejores soluciones.
Tomemos un ejemplo elemental. El acceso a agua potable segura sigue siendo limitado en muchas áreas rurales y periurbanas del país. No es un problema técnico irresoluble: existen soluciones de bajo costo, conocimiento disponible y profesionales formados. Sin embargo, la brecha persiste. Esto obliga a una pregunta incómoda: ¿qué falla, el conocimiento o la organización social de ese conocimiento?
En la primera parte de esta serie aquí en La Hora (23 de abril de 2026) de reflexiones, señalaba yo que las profesiones modernas separaron artificialmente teoría y práctica. Hoy debemos añadir algo más: también han separado responsabilidad y ejercicio profesional.
Los colegios profesionales, concebidos como garantes de calidad y ética, han derivado con frecuencia en estructuras cerradas, más preocupadas por el uso de sus privilegios –consagrado incluso constitucionalmente en Guatemala– lo que representa una anomalía. Aquí sacrificamos la libertad de asociación en nombre de una autorregulación que, en la práctica, pocas veces rinde cuentas a la sociedad.
Esto no implica que todos los profesionales fallen, ni que todas las instituciones estén cooptadas. Sería injusto e intelectualmente pobre afirmarlo. Pero sí es evidente que existen incentivos perversos como proteger al gremio antes que, al ciudadano, validar credenciales antes que competencias o preservar cuotas de poder antes que resolver problemas públicos.
Cuando un sistema profesional tolera títulos dudosos, procesos electorales cuestionables o sanciones inexistentes, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural. De eso tenemos ejemplos varios en Guatemala, algunos se hicieron virales como el doctorado falso de Consuelo Porras o el título falso de ingeniero del alcalde de Quetzaltenango Juan Francisco López, aceptado por el Colegio de Ingenieros en la sede de Quetzaltenango que le llamó Ingeniero «provisional» y donde los tribunales de honor no dijeron ni pío.
Paralelamente existe otro fenómeno menos discutido: la sobreproducción de profesionales en ciertas áreas frente a una escasez crítica de técnicos y especialistas prácticos. Mientras las universidades continúan graduando abogados, administradores o profesionales con formación altamente teórica, el país carece de: técnicos en agua y saneamiento, especialistas en mantenimiento industrial, operadores calificados en sistemas productivos, técnicos en alimentos, técnicos en nutrición rural y formadores técnicos de alto nivel. El resultado es paradójico: una economía con títulos, pero sin capacidades suficientes para resolver problemas concretos.
Este desbalance no es casual. Responde a una cultura que ha sacralizado el título universitario y ha devaluado la artesanía moderna, entendida no como trabajo manual precario, sino como dominio técnico riguroso y bien ejecutado. Es una enfermedad social que yo he llamado «licenciatitis» que nos encuentra en medio de una nueva crisis: el de la Tecnología, automatización y el fin de la ilusión profesional.
Diversos estudios (McKinsey, OECD) estiman que entre un 20% y un 40% de las tareas actuales en profesiones como derecho, contabilidad, medicina diagnóstica o ingeniería básica pueden ser automatizadas en la próxima década. No desaparecerán todas las profesiones, pero sí cambiará profundamente su naturaleza. Esto tiene al menos tres implicaciones: El conocimiento repetitivo pierde valor. También tiene que ver con lo que puede hacer un algoritmo, el que dejará de justificar años de formación tradicional. En ese sentido la práctica situada gana relevancia (para eso hay que leer a Jean Lave y Etienne Wagner, sobre aprendizaje situado, leer, no tratar de entender usando IA). La formación debe incluir la solución de problemas reales, en contextos específicos lo que será más importante que acumular teoría.
Así la frontera entre profesión y oficio se diluye por lo que el futuro no será solo de “profesionales” sino de personas capaces de integrar conocimiento, técnica y ejecución. En otras palabras, la distinción clásica entre profesional e “informal” comienza a perder sentido. La pregunta ya no será qué título tiene alguien, sino qué sabe hacer y con qué impacto.
En la próxima entrega analizaré más de cerca a la profesión de ingeniería y los técnicos asociados para ilustrar la transición en la que nos encontramos. Como dice un amigo querido: Feliz domingo, porque para mí hoy es domingo.
