En Guatemala, los profesionales universitarios estamos obligados por ley a colegiarnos. No se trata de un capricho gremial, sino de un mandato constitucional que responde a una razón superior: garantizar que el ejercicio de cada profesión contribuya al bienestar social y no solo al interés particular. Un abogado no puede litigar sin estar inscrito en su Colegio; un ingeniero no puede firmar proyectos para el Estado ni para muchas empresas privadas si no está colegiado. La colegiación obligatoria existe porque la sociedad confía en que los colegios velen por la ética, la competencia y el interés público.
Por eso resulta tan grave lo ocurrido el pasado 8 de abril en la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala (APCOP) –órgano que agrupa a los presidentes de todos los colegios profesionales– presentó el 10 de abril un amparo ante la Corte de Constitucionalidad por las graves irregularidades que rodearon ese proceso. La denuncia es clara y documentada: se excluyó de manera sistemática a cuerpos electorales legítimamente electos en sus respectivos colegios, especialmente a aquellos que representaban posiciones críticas al continuismo. Se trata, en los hechos, de un secuestro de la voluntad de los agremiados y de un fraude consumado por un Consejo Superior Universitario ya de por sí fraudulento, toda vez que la mayoría de sus miembros ya vencieron en sus cargos. Peor aún, la Corte de Constitucionalidad les ha exigido que renueven los cargos, pero para ellos no hay ley. Es una denigrante bofetada a la dignidad de quienes emitieron votos que no fueron respetados.
La Constitución de la República, en su artículo 34, consagra la libertad de asociación. Nadie puede ser obligado a formar parte de ninguna entidad. Sin embargo, la ley de colegiación obligatoria se sostiene precisamente porque los colegios profesionales no son simples sindicatos de intereses particulares. Su misión constitucional es doble: defender los derechos de sus agremiados y velar por el bienestar social que esos mismos profesionales están llamados a construir. Si los colegios solo defendieran lo gremial, la obligación de asociarse sería inconstitucional. Pero no lo es. Los colegios existen también para que la sociedad tenga garantía de que la ingeniería, la medicina, el derecho, la arquitectura y todas las profesiones se ejerzan con responsabilidad ética y técnica.
Cuando el Consejo Superior Universitario excluye cuerpos electorales que fueron electos democráticamente en sus colegios no solo viola el debido proceso y la autonomía universitaria. Está rompiendo el pacto de confianza que la sociedad tiene con los profesionales. Está diciendo, en los hechos, que la voz de los colegiados no importa si no conviene al grupo de poder que controla la Usac.
La APCOP, Asociación de Presidentes de Colegios Profesionales, con pleno derecho y legítima representación gremial, solicita en su amparo que la Corte de Constitucionalidad ordene la repetición del proceso electoral incluyendo a todos los cuerpos electorales que resultaron ganadores en sus respectivos colegios profesionales y en las diez facultades de la Universidad. Previamente, debe renovarse el Consejo Superior. No se pide un favor. Se pide, se exige, que se respete la voluntad expresada por los profesionales egresados, que son parte fundamental en la elección de las autoridades.
Este amparo no es un acto de politiquería. Es el ejercicio responsable de la función social que la Constitución encomienda a los colegios profesionales. Cuando se permite que la democracia universitaria sea secuestrada, se degrada la calidad de la educación superior del país. Y cuando se degrada la Usac, se degrada el futuro de Guatemala.
La pregunta que debemos hacernos es clara: en una universidad cooptada, donde sus principales autoridades usurpan cargos, manipulan normas y perpetúan el poder, ¿qué podemos esperar de sus egresados? Si la institución no es capaz de mantener las normas éticas más elementales, ¿cómo podrán los colegios profesionales colegiar con tranquilidad a quienes provienen de un ambiente marcado por el fraude?
La defensa que hoy lidera la Asamblea de Colegios Profesionales debe ser acompañada por todos los colegios afectados, especialmente aquellos donde no se respetó la voluntad de los agremiados. Aunque algunos colegios –como el de Ingenieros y el de Ingenieros Químicos– hayan sido cooptados y hayan impedido la inscripción de planillas de oposición con requisitos inventados o con argumentos pseudopolíticos, la mayoría de los profesionales dignos sabemos que el silencio no es una opción. Repito: El silencio no es una opción.
Cuando las autoridades de una universidad pública se apoderan indecentemente de ella, no solo usurpan cargos: se apoderan también de la dignidad de los estudiantes, de los docentes y de los egresados. Todos salimos perdiendo. Tarde o temprano, una institución cooptada producirá egresados formados en un ambiente de corrupción, docentes que aceptan el fraude en silencio y estudiantes que, eventualmente, ni siquiera serán admitidos en colegios profesionales dignos que no aceptan el engaño.
Por eso, la lucha de la Asamblea de Colegios Profesionales no es solo por una elección universitaria, es por la dignidad de las profesiones, por la credibilidad de la educación superior y, en último término, por el futuro de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad tiene ahora la oportunidad histórica de restablecer el orden institucional, la dignidad y la esperanza en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Nacional y Autónoma. Porque Mazariegos no es rector, es un usurpador.
