La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) invierte millones de quetzales en la elaboración de misiones y visiones para cada una de sus unidades académicas. Facultades, escuelas no facultativas y centros universitarios elaboran sus propios documentos y planes operativos anuales que, en muchos casos, se limitan a aspectos administrativos superficiales. Esta planificación suele concentrarse en lo obvio —como “elaborar 10 nuevas togas para graduación en 2026”— mientras la investigación científica permanece en un nivel marginal.
Paralelamente, la División de Desarrollo Organizacional (DDO) de la Usac ha impulsado desde hace años la creación de un Código de Ética institucional. En noviembre de 2025 presentó al Consejo Superior Universitario (CSU) la propuesta final del Código de Ética de la Usac. Este documento representa el estándar ético que la institución se ha comprometido a adoptar y que la Contraloría General de Cuentas exige como requisito para las entidades públicas.
El Código define cinco valores fundamentales claros:
- Honestidad (probidad, rectitud y decencia)
- Transparencia (acceso a la información, rendición de cuentas y gestión ética eficiente)
- Integridad (mantener principios éticos por encima de intereses personales y rechazar toda actuación corrupta)
- Responsabilidad (cumplir compromisos con eficiencia, sin necesidad de supervisión constante)
- Excelencia (mejora continua y servicio de alta calidad)
Estos valores se expresamente a todos los funcionarios y autoridades, incluyendo a los miembros del Consejo Superior Universitario.
Sin embargo, las acciones del CSU en el proceso electoral del 8 de abril de 2026 contradicen directamente estos principios, convirtiendo el Código en un instrumento formal que cumple requisitos legales, pero carece de aplicación real tal como lo describo abajo.
Transparencia y rendición de cuentas: El proceso se realizó sin observadores independientes, sin publicar actas completas y restringiendo el acceso pleno a la información. Esto contraviene la exigencia del Código de “mostrar transparencia en decisiones y comportamientos” y “fundar los actos sin restringir el acceso a la información”.
Honestidad e integridad: Se mantuvo en sus puestos a consejeros con mandatos vencidos, se reformaron las reglas electorales y se excluyeron múltiples cuerpos electorales legítimos. Tales acciones no reflejan probidad, sino una captura institucional descarada.
Responsabilidad: Se ignoraron resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de la Sala de lo Contencioso Administrativo que ordenaban la renovación del CSU. El órgano actuó como si las disposiciones judiciales no le aplicaran.
Excelencia y servicio: En lugar de priorizar el servicio a toda la comunidad universitaria, el proceso se orientó a beneficiar a un círculo específico, lo que contradice el compromiso con la excelencia y el interés superior de la institución.
Las violaciones a la Constitución Política, a la Ley Orgánica de la Usac y a los principios éticos que el propio CSU debería promover revelan un patrón grave de erosión institucional. El silencio de algunas autoridades resulta preocupante y debe interpretarse como complicidad. Sinceramente es uno de los actos más aberrantes no solamente de la historia democrática de la Universidad de San Carlos sino de la misma historia de Guatemala, generando una repulsión de toda la sociedad guatemalteca.
Al interior los estudiantes en digna resistencia exigen, con toda razón: La renovación del CSU conforme a las resoluciones judiciales y la realización de un proceso electoral transparente con observadores independientes. Yo por mi parte he propuesto una intervención de parte del Estado en mi artículo Intervención temporal para restituir la autonomía, del 7 de abril aquí en La Hora. Raíces también lo ha hecho, así como el licenciado Julio Melgar en su podcast Otra Perspectiva. Realmente, debemos buscar soluciones a la aberrante actuación del actual usurpador a la rectoría y de la clica que tiene cooptada a la Usac.
La batalla del 8 de abril de 2026 no fue el final. Es solo el comienzo de la lucha por recuperar la legitimidad, la transparencia y el alma académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Porque Mazariegos no es rector, es un usurpador.
