«El ladrón no viene sino para hurtar, destruir y matar…» (Juan 10:10)
Mientras el mundo avanza hacia universidades inclusivas, abiertas y modernas, en Guatemala seguimos anclados en una prehistoria académica que ya no podemos permitirnos. La Universidad de San Carlos de Guatemala —la casa de estudios superiores del pueblo— ha sido capturada por una lógica que prioriza el control sobre la excelencia y la pertinencia. Solo acepta alrededor del 15 % de los aspirantes que sueñan con ingresar, dejando fuera al 85 % de los jóvenes guatemaltecos que aplican. A las actuales autoridades universitarias no les preocupa ni la mejora del acceso ni la calidad académica. Su interés es otro.
En el libro Designing the New American University, Michael Crow y William Dabars demuestran que una universidad pública debe medirse no por quién excluye, sino por quién incluye y cómo esas personas triunfan. Vuelvo y repito: una universidad pública se mide por su capacidad de inclusión y por el éxito real de quienes ingresan.
Bajo el liderazgo del rector Michael Crow, la Arizona State University (ASU) pasó de ser una institución elitista a un modelo de acceso masivo con excelencia académica, investigación con impacto social y pertinencia concreta para la sociedad. Esa misma visión impulsamos con Alfredo Tobar en 2016 desde la Coordinadora General de Planificación de la USAC: el proyecto USAC 2050, documento aprobado por el entonces Consejo Superior Universitario, pero engavetado por las últimas tres administraciones. El proyecto USAC 2050 fue el resultado de una serie de reuniones anuales con académicos y profesores universitarios para diseñar una nueva universidad pública, más pertinente (2010-2015).
Ese es el costo de la cooptación: no tener una universidad pública que priorice la ampliación del acceso a la educación superior de los guatemaltecos.
En Centroamérica, México, Norteamérica y Europa se diseñan hoy programas cortos, técnicos y pertinentes, licenciaturas que no exceden los cuatro años, títulos intermedios y formación continua que responde a las necesidades del siglo XXI. Vuelvo y repito: las nuevas licenciaturas no pasan de cuatro años. Aquí, en cambio, mantenemos carreras que pueden durar una década, ahogadas en una burocracia que no ha sido replanteada porque las autoridades se concentran en actividades politiqueras en lugar de académicas. Los numerosos asesores de la rectoría actúan más como operadores políticos que como impulsores del conocimiento científico. La academia ha pasado a segundo plano en la USAC.
Mientras la UNAM destina el 30 % de su presupuesto a generar conocimiento con impacto social y la ASU cuenta con un presupuesto anual de 6,000 millones de dólares, de los cuales 1,000 millones (16.6 %) van a investigación real, en la USAC ni siquiera alcanzamos el 1 % y ese escaso recurso se destina principalmente a gastos operativos que no fortalecen la ciencia. Ese es el costo de la cooptación: no tener una universidad que priorice la investigación científica.
Es cierto que miles de profesores interinos han sufrido las consecuencias de la politiquería universitaria y merecen mayor estabilidad. Sin embargo, ascender a 4,000 de ellos sin examen de oposición perpetúa el clientelismo que lleva décadas afectando la calidad académica. La solución no puede ser regalar titularidades de forma populista; debe ser un proceso transparente, meritocrático y abierto que premie la capacidad y el compromiso académico, no la lealtad.
Lo mismo ocurre con la eliminación del pago de matrícula estudiantil para 2026 sin un estudio socioeconómico riguroso: esa decisión, que implica 25 millones de quetzales, pudo haberse destinado a modernizar los laboratorios y Fab Lab del periférico universitario, que hoy lucen abandonados. Nada de esto responde a un modelo de desarrollo académico serio, como el que propone el rector Michael Crow. Ese es el costo de la cooptación: no tener laboratorios modernos de ciencia y tecnología.
El modelo de Crow es claro: una universidad debe convertirse en una Knowledge Enterprise que combine investigación aplicada, éxito estudiantil masivo, estructuras transdisciplinarias y burocracia adaptativa. En la USAC, en cambio, la falta de un modelo de desarrollo universitario —como el USAC 2050 o cualquier otro que priorice la academia sobre la politiquería— nos mantiene estancados.
De esta cooptación tenemos mucha responsabilidad los docentes universitarios. Hemos callado frente a las imposiciones, nos hemos acomodado y hemos observado los abusos con resignación. Es hora de alzar la voz. La pérdida de derechos es generalizada y nadie está a salvo cuando las autoridades no respetan la ley ni las normas universitarias.
El 8 de abril de 2026 no es solo una elección: es la batalla decisiva por el alma de la Universidad de San Carlos. Defendámosla ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
