Recientemente, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos (Usac) fue nuevamente escenario de una “bienvenida” violenta por parte de encapuchados a los estudiantes nuevos. Esta tradición se repite en campus universitarios a lo largo del país, con niveles de violencia en aumento. Aunque no se les llama pandilleros, si definimos una pandilla como un grupo que comparte identidad y delinque de forma violenta, estos encapuchados deberían llamarse pandilleros.
En Guatemala y América Latina, la imagen estereotipada de las pandillas involucra jóvenes tatuados, marginados y urbanos, pero en realidad son manifestaciones de exclusión cultural, económica y política. Grupos como la Mara 18 o la Mara Salvatrucha no son los únicos; los encapuchados de la Usac y hasta los miembros del Pacto de Corruptos, que han cooptado el Estado, forman pandillas en un sentido amplio.
En octubre de 2025, el Congreso aprobó una ley que clasifica a las pandillas como grupos terroristas, a pesar de la falta de consenso internacional sobre qué constituye terrorismo. Según Mendoza y Naveda en Plaza Pública, un grupo terrorista debe cumplir tres criterios: (i) perpetrar actos criminales como asesinato o secuestro; (ii) con la intención de difundir miedo o coaccionar autoridades; y (iii) involucrar un elemento transnacional.
La reciente legislación guatemalteca que identifica a las pandillas como grupos terroristas ignora la naturaleza social de las pandillas, que emergen en contextos de abandono familiar, donde millones de niños crecen sin guía parental, buscando identidad en grupos delictivos, dados los efectos de los 200,000 muertos que dejó la guerra civil guatemalteca entre 1960 a 1990 y la migración a los Estados Unidos de las últimas décadas.
Algunos defensores de la ley argumentan que las pandillas como MS-13 tienen vínculos transnacionales, similar a lo que llevó a Estados Unidos a designarlas como organizaciones terroristas en 2025, bajo presión de seguridad fronteriza. Sin embargo, esta clasificación parece más un distractor para crisis institucionales, como sugieren analistas de InSight Crime, que la ven como una cortina de humo ante la inestabilidad política. En Guatemala, el elemento transnacional es real en algunos casos, pero no justifica ignorar las raíces locales: pobreza extrema y desigualdad.
En un país con una tasa de pobreza del 56% según el Banco Mundial (2023), y donde el 54.8% de la población vivía en pobreza en 2024 según la misma fuente, las pandillas son una forma de autoorganización para sobrevivir y delinquir. La desnutrición crónica afecta al 46.7% de los niños menores de cinco años, según el Global Nutrition Report, y entre enero y octubre de 2025, 278 niños murieron en casos asociados con malnutrición, reporta Human Rights Watch. Estas cifras no justifican la delincuencia, pero explican por qué políticas de «mano dura» fallan: en lugar de reducir la violencia, la incrementan, ya que muchos jóvenes se radicalizan en prisiones superpobladas.
La ley contra la Delincuencia Organizada ha sido mal usada, como en las acusaciones falsas contra José Rubén Zamora o la disolución del partido Semilla, declarado “organización criminal”. El Ministerio Público, cooptado, acusó de terroristas a líderes de los 48 Cantones de Totonicapán por protestar contra un golpe de Estado. Héctor Chaclán y Luis Pacheco siguen presos como «terroristas», mientras los verdaderos corruptos evaden a la justicia y hasta la “imparten”.
La fuga de 20 reos de Fraijanes 2 en el 2025, impulsó esta ley, pero ignora evidencias: políticas similares en El Salvador han generado abusos sin resolver causas profundas.
Para reducir pandillas hay que atacar a las causas estructurales, esto es, mejorar el acceso a educación pertinente, como el programa «escuelas abiertas» en Guatemala, que ha prevenido reclutamiento al ofrecer entornos seguros. Reducir pobreza mediante políticas inclusivas, como apoyo económico para familias campesinas, y eliminar desnutrición con iniciativas como “Mano a Mano” del gobierno de Bernardo Arévalo, que busca bajar la malnutrición crónica en 10 puntos porcentuales.
Hace falta crear oportunidades de trabajo digno, alianzas con ONGs y comunidades, y mapeo local de crímenes para intervenciones precisas, especialmente se requiere ponerle mucha atención al desarrollo de una educación técnica pertinente, un área abandonada en Guatemala.
La paz no se logra reduciendo derechos o copiando modelos inoperantes, sino produciendo desarrollo equitativo. Ese es el camino que debemos hacer y luego recorrer. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
