Para los corruptos nunca hay un buen momento para que rindan cuentas. Llegó la hora de procesar a todos aquellos que hicieron estafas, trinquetes, robos, hurtos, apropiaciones indebidas, simulaciones de contratos y toda clase de triquiñuelas para apropiarse del dinero del pueblo administrado por los equipos gobernantes que recién gobernaron el país. Ya pasó el tiempo de escudarse en el pasado y ahora la supuesta oposición debe asumir la responsabilidad de los pésimos resultados obtenidos.
El discurso político del pasado anunciando el fin de privilegios y la lucha contra la corrupción que abanderaron las campañas políticas de los últimos cuarenta años, se desmoronó por sí sola ante la realidad que vivimos los guatemaltecos, es decir, que la mayoría de exfuncionarios de los distintos gobiernos, ahora son recordados como el verdadero lastre social por su conducta de viles ladrones y favorecedores de negocios millonarios con las empresas extranjeras de petróleo, así como de la minería, navieras, terminales portuarias, concesiones en los aeropuertos, contratos para la construcción de carreteras y mil negocios más.
Somos uno de los países que manejaron la pandemia de manera criminal con el negocio de las vacunas, de que el sistema de salud esté colapsado, seguimos siendo uno de los países con más bajo coeficiente intelectual debido a la desnutrición y al mal cuidado de los períodos de embarazo; en síntesis, seguimos siendo un país que ni siquiera tiene un futuro prometedor para su población juvenil.
La enorme impotencia administrativa y política de los gobiernos pasados consistió en que, lejos de sanear la administración pública, la degradaron hasta su más mínima expresión con personajes de toda calaña: desde los ladrones hormiga hasta los empresarios más deshonestos que pidieron perdón a la sociedad por su conducta ilegal e inmoral; también hicieron gobierno la mayoría de funcionarios ignorantes e iletrados, ya fuera en las municipalidades de todo el país, gobernadores, diputados, directores generales, ministros, vicepresidentes y secretarios de la presidencia; ya no digamos presidentes de la República.
El autoritarismo sin límites e ingobernabilidad en todo el territorio nacional fue el factor permisivo para que las estructuras delictivas que operan a lo largo y ancho se acomodaran y convirtieran a Guatemala en la bodega del narcotráfico y en base del trasiego humano denominado flujo migratorio con la complacencia de las autoridades de seguridad a todo nivel.
PERO, el nuevo equipo gobernante que estos dos meses y medio ya vio con claridad el estado deplorable y famélico en que recibieron la administración, debe tomar en cuenta lo siguiente: PRIMERO, que ya sabían cómo estaba el aparato gubernamental, por lo que no es aceptable que se refugien en que no hay dinero, recibimos a cero, se lo robaron todo, no hay insumos, no hay nada; pues nada eso: deben trabajar con lo que hay, sí es necesario reconstruir con cascaritas de huevo güero y enfrentar con programas y estudios al remanente de los impresentables que aún están enquistados en la administración pública, Congreso y municipalidades, pues hay que hacerlo; de lo contrario, seguirá el círculo vicioso de la mentira mientras transcurren estos próximos cuatro años.
La eliminación de privilegios también debe afectar a la Presidencia de la República; no es necesario tanto boato presidencial, pues lleva aparejada la prepotencia, abuso y mala educación de los noventa guardaespaldas, motoristas y treinta y tantos vehículos coleros; es un mal gasto y recodemos que no estamos ni vivimos en Dubái, donde el dinero es lo de menos para gastarlo a manos llenas.
