La conflictividad social en Guatemala no tiene visos de ser resuelta y ni siquiera ser paliada con acciones encaminadas a buscar los remedios jurídicos y administrativos que le lleven un poco de estabilidad económica y social al sector más desprotegido en el agro.
Desde la época de la invasión de españoles e indígenas mexicanos, pasando por el período colonial y hasta mediados del siglo veinte, el problema de la tenencia, propiedad o alquiler de la tierra no fue abordado de manera digna por las autoridades que, por razones políticas y de corrupción beneficiaron a los terratenientes, la iglesia católica y militares otorgándoles la protección institucional por medio de las armas y de las dependencias gubernamentales con la adjudicación en propiedad de las fincas rústicas propiedad de la Nación despojadas “ilegalmente” a los indígenas guatemaltecos.
Lo anterior no es porque lo diga yo; simplemente basta leer la Historia de Guatemala, si, la escrita por los vencedores para darse cuenta de que, el “señor don dinero” puede adquirir todo lo que se proponga comprando las voluntades de las “autoridades”, léase alcaldes, gobernadores, diputados, ministros y hasta presidentes de la república.
Desde que tengo memoria político-social el problema agrario en Guatemala ha sido uno de los más recurrentes; sin embargo, los distintos gobiernos desde hace setenta años han mantenido una política de ojos cerrados ante la realidad latifundista en el país y como consecuencia han nacido y desarrollado otros conflictos agrarios.
Hasta el momento de escribir estas letras, todos los resultados de las gestiones y peticiones del sector campesino a los gobiernos pasados han sido inútiles; es más, los actos de liderazgo para la conservación de los bosques, ríos y tierras comunales han sido satanizados ante el poder del dinero y las influencias políticas para ser castigados con la persecución, detención, encarcelamiento y burdas sentencias o el asesinato selectivo de los líderes.
Es tiempo ya, que con un pensamiento claro y sin extremismos extranjeros doctrinarios políticos se principie a trabajar para resolver los más de mil quinientos conflictos conocidos que existen en el territorio guatemalteco; puesto que la población indígena tiene derecho a ser atendida ya que, de una u otra forma también paga impuestos.
Este asunto de la conflictividad agraria es delicado, porque aún existen personas ideologizadas creyendo que cualquier acción reivindicativa por el sector campesino es promovida por los fantasmas de doctrinas obsoletas, caducas e inoperantes en el mundo y en especial en Guatemala donde todavía quieren “asustar con el petate del muerto”.
Como siempre, habrá grupos étnicos que se arrogarán la representatividad de toda la población indígena y para evitar eso sería ideal buscar una fórmula para que regionalizados pudieran tener participación los campesinos de oriente, occidente, norte y sur del país en las futuras acciones gubernamentales que para abordar el tema anunció el Presidente de la República y cuyo primer paso fue la firma de un Convenio Agrario con cuatro grupos de campesinos, el cual estipula entre otros puntos atender la conflictividad agraria, la accesibilidad a la tierra y la economía campesina.
Infop, Indeca, Fydep, Banco Nacional Agrario, Inta, Ocren, Ocret, Fontierras y Ministerio de Agricultura, tal vez otras cincuenta dependencias más cuyos nombres no recuerdo y que estuvieron o aún están relacionadas con el tema, no pudieron, no quisieron o no les permitieron desarrollar programas de beneficios social para el sector campesino; esperamos que esta situación de abandono cambie y el sector campesino tenga y ejercite los mismos derechos que la ley les otorga.
