Es un hecho que, en materia política, como en otras tantas, los guatemaltecos no hemos podido construir la institucionalidad necesaria para hacer intocables algunos de nuestros derechos que son violados por las personas que ejercen diferentes cargos en los tres organismos del Estado, así como en las municipalidades de país.
La Historia de Guatemala nos muestra que casi todos los diseños constitucionales partieron de la base del poder de las armas, es decir que, desde la época independiente hasta nuestros días, el poder de utilizar el poder basado en la fuerza, imposición o coerción para lograr los fines económicos privados o empresariales que persiguen con el ejercicio de la administración pública; salvo el período del Jefe de Estado Mariano Gálvez.
El título del presente artículo es claro en cuanto que, la vida “independiente” de la población guatemalteca ha estado regulada por regímenes militares, obvios o escondidos que ejercen el poder de manera discrecional como una herramienta de uso diario.
En esta época de elecciones, los candidatos que tuvieron en el pasado puesto de decisión, es posible que hoy se estén preguntando por qué no hicieron lo necesario para robustecer algunas instituciones o no realizaron de mejor forma los programas o políticas públicas que ofrecieron a la población en su campaña electoral o bien cuando los nombraron para dirigir alguna de las diferentes instituciones de la administración pública.
Tal vez estos personajes del pasado se consuelan diciendo mil y una justificaciones que encontraron para hacer una buena obra, lo más común es indicar que “encontramos las arcas del gobierno vacías” pero, que no pudieron hacer “algo” porque la oposición política no lo permitió. Eso pudo haber sido creíble en el caso que la denominada “oposición” política guatemalteca hubiera existido como oposición.
Los funcionarios “sirvientes” del sistema, tienen la obligación de obedecer las órdenes dictadas por sus amos y señores financistas, quienes los han hecho millonarios a cambio de favorecer los negocios a gran escala que manejan en los diferentes rubros de las actividades productivas en el país, entre ellas: la extracción minera, petróleo, distribución de combustibles, navieras, empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía eléctrica, pesca, constructoras y otras más.
Ya, en el ejercicio del poder, los serviles lacayos, después de haber recibido grandes cantidades de dinero de sus financistas, se dedican a esquilmar a las instituciones que dirigen por medio de simulación de contratos lesivos al Estado para la adquisición de bienes (hospital de Chimaltenango, precio de las medicinas compradas por el IGSS…) otorgamiento de concesiones y licencias para diferentes actividades, imposición de multas fantasmas, exoneraciones fiscales a cambio de dinero y un sinfín más de actos que tienen un nombre: corrupción.
En el contexto ya dicho, tenemos que preguntarnos qué implica la institucionalidad del Estado y la institucionalización del poder; ¿en qué punto del desarrollo político se cruza el umbral en el que los empleados y funcionarios gubernamentales son más fuertes que las instituciones del Estado?, o ¿en qué punto son tan vulnerables que cuasi desaparecen ante el primer embate de la corrupción?
Somos un país (población) con un nivel de desarrollo político en el que las mayorías debido a factores como pobreza, salud, ignorancia y buena fe son las más susceptibles de convencer de votar por determinados candidatos a cambio de regalos ocasionales cada cuatro años, permitiendo de esa manera que asuman el “liderazgo” personas abusivas, maleducadas, mentirosas y farsantes rellenando su vacío moral, ético y espiritual con el inesperado lujo que jamás hubieran alcanzado por mérito propio.
