Fernando Mollinedo C.
En el mundo geopolítico y socioeconómico todo tiene una causa y, en consecuencia, un efecto. Muchos de estos efectos los estamos viviendo que tuvieron sus causas hace ya muchos ayeres. En Guatemala, es evidente el irrespeto a las leyes por parte de la población, funcionarios y empleados públicos, policías nacionales y privados, guardaespaldas, empresarios, comerciantes, industriales, finqueros, transportistas, constructores y en casi todas las actividades que desarrollan las personas en su vida diaria.
Ejemplos: el Congreso no elige magistrados, extranjeros indocumentados accionan en los tribunales de justicia, los policías nacionales asaltan al público exigiendo mordidas, los pilotos de camiones y buses extraurbanos exceden los límites de velocidad, los camiones repartidores de agua y bebidas embotelladas se estacionan donde les da la gana, los vecinos apartan “su parqueo” frente a sus residencias, los talleres mecánicos reparan vehículos en las aceras obstaculizando el paso de peatones y por si fuera poco los comerciantes encarecen los productos de una forma abusiva y arbitraria cuando se les antoja, igual los transportistas con el valor del pasaje.
Lo anterior denota el irrespeto hacia el ordenamiento jurídico que “supuestamente” nos regula en las actividades diarias; es decir, que es una anarquía que se observa cada día con la mayor naturalidad por parte de la población y sus autoridades. Los motoristas se cruzan las calles y se meten entre los vehículos sin observar prudencia y mucho menos las señales de tránsito poniendo en peligro sus vidas y la de otras personas, los expendedores de drogas cerca de las escuelas también hacen lo que quieren a la vista de las autoridades.
Los ciudadanos indefensos ante los problemas que los acechan cada día optan por el desquite, la venganza o hacer justicia por su propia mano; más o menos un tercio de la población está dispuesta a violar la ley sí eso les permite, lo que a su entender es, obtener justicia: pues enfrentar un problema cotidiano y que no le atiendan los órganos de justicia implica dejar el trabajo para asistir al Ministerio Público afecta directamente su economía y salud.
La mayoría de las personas cree que la forma más fácil de encontrar justicia es a través de la justicia penal y eso ha permeado a las instituciones. La justicia cotidiana se ha vuelto una justicia de segunda o tercera categoría, lo que hizo que el imaginario social pierda la fe y credibilidad en los impartidores de justicia.
La normalización de la delincuencia se produce tras un prolongado período de vivir con ella en los acontecimientos cotidianos, en las charlas de los vecinos, un día y otro también en los titulares de los medios de comunicación y en el comportamiento de las personas. No es normal, no debería serlo, que haya zonas de riesgo, con horarios restringidos para caminar por ellos y el miedo recurrente que se manifiesta con un tic que se ha vuelto habitual: voltear sobre el hombro para saber que nadie se nos está acercando.
Ver esas realidades es una obligación social no sólo por solidaridad, también por autocuidado, ya que no respeta edades ensañándose contra los más desprotegidos: los niños y adolescentes, ya que contrastan a más no poder con los mensajes triunfalistas que se escuchan en las ceremonias y eventos oficiales. Una sociedad que fabrica seres humanos desechables también desecha su futuro, su democracia, su principio de esperanza y tranquilidad.
