Fernando Mollinedo C.
Antes de la occidentalización del mundo, la corrupción de los asuntos públicos se dio en las distintas culturas cimeras, desde la Grecia antigua hasta en las civilizaciones orientales, por lo tanto, la descomposición orgánica, la putrefacción de instituciones y valores es histórica y universal: no es coyuntural ni sólo nacional.
La corrupción no es sólo el uso y abuso de los bienes públicos para convertirse en la extensión del patrimonio personal –si lo tuviere– tal como lo han hecho en nuestro país desde hace muchísimos años la mayoría de los expresidentes, jefes de Estado, triunviros, ministros, diputados y alcaldes.
La corrupción es un crimen político, pues su uso pernicioso desvirtúa el sentido del mandato popular y trae como consecuencia la demolición de las instituciones democráticas con la dirección negativa de personas ignorantes y no calificadas profesionalmente para dirigirlas; en Guatemala ha sucedido con los gobernantes civiles y militares de ultraderecha, intolerantes, xenófobos y neofascistas
La corrupción es manifiesta en lo gubernamental cuando: 1) las personas nombradas para el ejercicio de un cargo directivo y de decisión estratégica no poseen la consistencia moral y preparación profesional para desempeñarlo y, sin embargo, lo aceptan, entregando nulos resultados, 2) presentan títulos falsos para obtener los cargos, 3) tienen como prioridad el interés en favor de los grupos privilegiados haciéndolo común denominador en todas las esferas administrativas del Estado, 4) la desnaturalización administrativa y 5) cuando su función es la de cuidar los privilegios de sus amos.
Todos los movimientos políticos han tenido sus momentos de reflujo y degradación llegando a extremos de cometer magnicidios, traiciones, asesinatos, destierros y muerte civil de sus opositores para conservar el poder, utilizando instituciones creadas para dar seguridad a la población; contrario a lo vociferado de ser incorruptibles.
Ante la putrefacción política legada por cada gobernante militar o civil, los principales cargos públicos comenzaron a venderse al mejor postor o adjudicarlo a quien asegurara la impunidad después de dejarlos; un Estado dominado por los intereses elitistas y una subcultura permisiva que invita a delinquir por la laxitud de los controles institucionales representa un elevado precio para la sociedad.
Convirtieron al Estado en el comité de administración de los intereses privados dominantes y no en el representante de los intereses colectivos, esa degeneración debe terminar. ¿Será posible que en Guatemala se pueda restaurar la majestad de la ley y la autoridad del Estado sobre los intereses privados y oligopólicos de la élite comercial, industrial, agropecuaria y bancaria que han puesto y depuesto a los gobernantes?
La tarea social inmediata está en el hogar, educando a los hijos para recuperar en las generaciones inmediatas el respeto de los derechos humanos de la población en materia de vida, salud y la soberanía popular con sus equilibrios institucionales para evitar la propensión de los gobernantes a instituir de hecho una dictadura absoluta.
