Como parte de las acciones del gobierno del estado de Mississippi, Estados Unidos, se autorizó una nueva Ley SB 2114, la cual permitirá al Departamento de Seguridad Pública Estatal la creación de un listado de personas inmigrantes, cuyo objetivo es el de facilitar la identificación de inmigrantes indocumentados que viven en dicho estado, tema que debería haber sido difundido por parte de los funcionarios consulares, tanto de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, México entre otros para advertir a sus cancillerías y comunidades, la cual di a conocer meses anteriores y no fue tomado en cuenta por funcionarios.
La aprobación de la ley, la cual fue impulsada por representantes republicanos, ha tenido dentro de la población una profunda preocupación, ya que se teme que esta base de datos se convierta en una herramienta táctica para realizar capturas, procesos y facilitar las deportaciones masivas bajo la administración del presidente Donald Trump.
¿Qué se sabe de la ley para identificar a inmigrantes indocumentados?
La ley aprobada entrará en vigor el miércoles 1 de julio del presente año, se sabe que la medida autoriza al estado a utilizar “todos los medios de investigación legales y razonables” para determinar tanto el número como la identidad precisa de los inmigrantes sin estatus legal.
Dentro de los datos a recopilar por parte de las autoridades se incluirán: Nombre, dirección y país de origen, información sobre si la persona inmigrante es adulto o menor de edad, así como antecedentes penales, así como el historial, ubicación y estatus de cualquier proceso de deportación en curso, lo que facilitará a las autoridades realizar capturas.
Dentro de la normativa aprobada se instruye a las autoridades estatales de Mississippi a compartir la información con otros organismos locales y estatales.
Resalto que la ley no obliga ni prohíbe explícitamente a realizar el compartir la base de datos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduana ICE, aun cuando se advierte que esta infraestructura facilita la colaboración directa con las políticas de deportación de la actual administración republicana de Donald Trump.
Dicha ley fue impulsada por parte de la republicana Angela Hill, quien expresó que defiende la ley como un paso de “sentido común” para dimensionar la magnitud de la inmigración irregular y combatir delitos vinculados, como el tráfico de drogas y personas.
Sin embargo representantes de organizaciones proinmigrantes estadounidenses y de derechos humanos han manifestado en conferencia de prensa que cuestionan la viabilidad y las implicaciones éticas de la ley. El mantener una lista actualizada es “prácticamente imposible”, dado que el estatus migratorio de una persona puede cambiar frecuentemente debido a renovaciones de visas, cambios de residencia o nuevos procesos legales por lo que podría darse injusticias.
Organizaciones como la ACLU de Mississippi y el American Immigration Council advierten que esta ley invita al perfilamiento racial y convierte a comunidades enteras en objetivos, rompiendo la confianza entre los residentes y la policía.
Esta medida desvía recursos policiales esenciales hacía labores de investigación migratoria, provocando que las víctimas de delitos eviten contactar a las autoridades por miedo a ser denunciadas, lo cual contraviene la misión fundamental de proteger a la población.
Persecución migratoria se intensifica en EE. UU.
Al ver la posición de las autoridades republicanas de Mississippi, con la aprobación de la ley, esta se suma a una tendencia nacional en Estados Unidos, incrementada en el presente año, al tener un registro de más de 100 leyes relacionadas con la inmigración que han sido promulgadas.
Es notorio que las autoridades en estados liderados por republicanos se refuerzan acuerdos de colaboración con ICE y otras agencias para capturas de inmigrantes ilegales y restringen beneficios públicos, los estados bajo administración demócrata se esfuerzan en aprobaciones de medidas opuestas, prohibiendo pactos con ICE y restringiendo acciones de control migratorio en lugares sensibles como escuelas y hospitales, como parte de la protección a inmigrantes.
Resalto que el estado de Mississippi es el que tiene una de las poblaciones de inmigrantes indocumentados más pequeñas de la Unión Americana, que alcanzaría un poco más de 28 mil personas, lo que representa menos del 1% de su población, la implementación de esta ley marca un precedente sumamente preocupante para las organizaciones estadounidenses civiles y para quienes trabajamos el tema migratorio vemos en la ley una estrategia similar a la ejecutada mediante orden ejecutiva en Florida en 2021, que estableció un nuevo estándar de vigilancia estatal por parte de las autoridades sobre las comunidades inmigrantes.
En lo personal, considero que es una responsabilidad de los gobiernos como es el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, entre otros, el realizar campaña de divulgación por medio de sus autoridades consulares, quienes debieron dar a conocer meses atrás la iniciativa y empezar a realizar advertencia a las comunidades inmigrantes residentes en Mississippi, no haberlo realizado es una irresponsabilidad hacia quienes sostienen la economía de los países y a millones de familiares con el envío de remesas, siendo una irresponsabilidad también de las Cancillerías el no actuar con anticipación y con campañas preventivas y no reactivas, cuando ya encuentre en vigencia dicha ley SB 2114.
