Se dio a conocer por parte del Gobierno republicano de Donald Trump, que se efectuó la cancelación de los contratos con varias organizaciones que sus abogados realizan el litigio de casos de asilo para menores inmigrantes no acompañados, disposición que entró en vigencia el viernes pasado y que no ha sido dada a conocer por parte de los gobiernos expulsores de migrantes a sus comunidades residentes en Estados Unidos, lo que es lamentable y muestra el desinterés de informar cambios en normativas que afectan a inmigrantes.
La Administración de Donald Trump ha expandido su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados, en este caso los menores al dejar sin asistencia legal, al cancelar los contratos que tenía con decenas de organizaciones, encargadas de llevar a cabo la defensa de los procesos jurídicos de los menores no acompañados que por miles han llegado a Estados Unidos dentro del período de 2020 a 2023, creando una crisis humanitaria migratoria sin precedentes, no reconocida por los gobiernos.
La decisión de eliminar la defensa de menores, es un golpe directo a los procesos legales de alrededor de 26,000 inmigrantes menores de 18 años a los que se les brinda defensa legal que llegaron a los Estados Unidos.
Adicionalmente a la cancelación del contrato, los abogados que llevan las defensas legales en los tribunales migratorios, también recibieron amenazas legales, en el caso que decidan continuar con los procesos de defensa en los litigios en contra del Gobierno en la temática migratoria, para que sus clientes permanezcan en territorio estadounidense.
La argumentación presentada por parte de la administración Trump, es que los menores inmigrantes pueden realizar su propia defensa en los tribunales migratorios.
Debo enfatizar que las leyes migratorias en Estados Unidos están diseñadas para ser muy discrecionales por parte de los jueces y a la vez sumamente complejas, por lo que lo recomendable es que las personas deban contar con una representación legal en su proceso, de lo contrario existe una altísima consideración que 9 de 10 casos pierdan sus procesos en los tribunales.
La Administración Trump, dejará que los menores inmigrantes se presenten sin la asistencia legal de abogados, reiterando ser casi un hecho que sean deportadas a sus países de origen, como es el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Nicaragua entre otros, agravando la situación en sus respectivos países, al carecer de programas adecuados para la debida atención y de oportunidades adecuadas de brindarles educación, salud, seguridad entre otros, lo que es una realidad.
La cancelación del financiamiento a las organizaciones y despachos legales, lleva alrededor de 20 años brindando asistencia legal a menores inmigrantes, recordando que los miembros del Congreso de Estados Unidos, votaron en 2005, con apoyo bipartidista, la Ley de protección a los menores migrantes no acompañados.
Esta ley afianzó las bases para que en el complejo sistema migratorio estadounidense, se brindara una protección al sector más vulnerable de la migración, como son los menores inmigrantes.
La norma ponía a los recién llegados a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ORR, institución que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, esta última institución, ha sido seriamente señalada de haber perdido el control de más de 86,000 menores inmigrantes, cifra que se incrementa diariamente, dentro de los cuales se encuentran guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, venezolanos y de otras nacionalidades.
Tema que fue denunciado en reportaje del New York Times, realizado en 20 estados de la Unión Americana, el que no fue trasladado por autoridad consular a las autoridades ministeriales y que a la fecha es un tema abandonado, no brindando la asistencia y protección consular, ante las denuncias de explotación laboral, así como de muerte de menores migrantes, dentro de ellos guatemaltecos, lo que a la fecha sigue abandonado.
Recordemos que la ley impide que los menores migrantes, sean llevados a los mismos centros de detención que los adultos o delincuentes juveniles, por su seguridad.
Asimismo, establece que el Gobierno de Estados Unidos: “no debe repatriar a menores en su custodia a escenarios donde sus vidas corran peligro”, tema que muchas veces no ha cambiado en sus países de origen.
En la ley en su artículo sexto, se señala que los menores inmigrantes deben de contar con una asesoría legal “competente”, ya que el propio texto contempla que esta defensa puede hacerse a través de organizaciones sin fines de lucro calificadas en el trato de menores migrantes.
Lo anterior cambia a partir del viernes pasado, la Administración Trump informó que cerraba el financiamiento de los recursos para el pago de abogados y organizaciones de defensa, que mantenían la oportunidad de defensa de decenas de miles de expedientes en el sistema judicial estadounidense, recordando que miles carecen de dicha defensa legal.
La cancelación llegó una semana antes del fin del contrato, que se había renovado continuamente desde 2005 hasta su cancelación en el 2025.
Al quedarse sin financiamiento, los abogados no tendrán ni siquiera acceso a intérpretes para sus clientes, ya que la gran mayoría no habla inglés o castellano, ya que proceden de Guatemala, Honduras, El Salvador, Sudamérica, África, Asia y Medio Oriente.
Dentro de las inquietudes que se plantean por parte de los abogados, se desconoce si cubrirán el costo del tiempo para cerrar los casos, si se llevarán a cabo transferencias o si darán tiempo y oportunidad para que los familiares busquen a un abogado que sea pagado, recordando que son altísimos los costos.
Por lo que se prevé que en el corto tiempo, se tendrá mayor número de deportaciones de menores inmigrantes a sus países de origen, un tema que deben contemplar los gobiernos dentro de los programas establecidos tardíamente, para atender a retornados en sus países de origen, enfatizando que es una problemática ya no sólo de gobiernos, sino de los países, debiendo involucrar a todos los sectores para presentar propuestas de solución, que existen, pero que hay falta de voluntad de realizar para generar empleo y desarrollo.
