El gobierno del estado de Florida, Estados Unidos, ha incrementado las sanciones penales a inmigrantes en situación ilegal, ya que la nueva normativa SB2C y SB 4C aprobada por el gobernador Ron DeSantis, que entran en vigencia el 1 de julio del presente año, debería ser dado a conocer por los gobiernos expulsores de migrantes, como son Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Ecuador entre otros, como una responsabilidad moral de los gobiernos, hacia sus connacionales que sostienen la economía de sus respectivos países.
Entre los cambios más significativos, se establece la pena de muerte para quienes sean declarados culpables de delitos capitales, como asesinato en primer grado o violación infantil según la ley aprobada, que podrá ser impugnada por organizaciones pro inmigrantes estadounidenses, al existir antecedente y que podrá llegar hasta la Corte Suprema.
En el caso de ser ciudadano americano en el estado de Florida, de cometer un delito menor de robo, pueden condenarlo hasta un año de prisión y el pago de un costo de multa de US$1,000 dólares. Contrario a que si el infractor es inmigrante ilegal, la pena será de cinco años de prisión y una sanción económica de US$5,000.
Las leyes también introducen un nuevo delito estatal: el de ingresar al estado de Florida, tras haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Esta disposición afecta a los inmigrantes mayores de 18 años que, después de haber evitado inspecciones oficiales en la frontera, se desplacen hasta dicho estado de Florida.
Las nuevas leyes que entrarán en vigencia, consideran delito reingresar al estado de Florida, tras llegar de manera irregular, sin inspección de un oficial de inmigración, también incluye pena de cárcel, que va en aumento de 6 meses a 2 años si es reincidente.
Según el argumento de esta disposición, es proporcionar a las autoridades estatales mayores herramientas legales para procesar, a quienes ingresen de forma ilegal al territorio de Florida sin autorización.
Sin embargo, es señalado que esta política conlleva a la persecución de personas inmigrantes en situación ilegal, que llevan años viviendo en Estados Unidos, sin antecedentes criminales.
Los inmigrantes tampoco tendrán derecho a solicitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación en el estado de Florida, si no pueden demostrar presencia legal en Estados Unidos.
Eliminación de la matrícula estatal para estudiantes sin estatus legal
Dentro de las medidas contempla la revocación de una ley de 2014 que permitía a estudiantes inmigrantes en situación irregular principalmente en el caso de DACA, el poder acceder a la matrícula estatal en universidades públicas del estado de Florida, lo que les permitía pagar tarifas más bajas que las aplicadas a estudiantes de otros estados.
Con la nueva legislación aprobada que entra en vigencia el 1 de julio, los estudiantes en situación irregular entre ellos DACA, deberán cancelar tarifas más elevadas de matrícula, lo que indudablemente dificultará el acceso a la educación superior para la gran mayoría, pudiendo truncar sus estudios universitarios.
Para realizar la verificación y coordinación de implementación de las leyes SB 2C Y SB 4C, se establece la creación de la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, compuesta por el gobernador, el fiscal general, el jefe financiero del estado y el comisionado de agricultura.
Dicho organismo, llevará a cargo la coordinación con las diferentes agencias federales, lideradas por ICE, para la distribución de US$250 millones en subvenciones a dichas agencias locales de aplicación de la ley migratoria, establecidas por la administración Trump.
Reforma y expansión del programa de transporte de migrantes
Originalmente el programa estatal de transporte de migrantes de Florida establecido en 2022, tenía asignado US$12 millones, siendo reformado y sufrió una ampliación contando actualmente con US$298 millones.
La ley establece que las autoridades del estado de Florida, sólo podrán trasladar inmigrantes fuera del estado, si las autoridades federales de Estados Unidos, lo solicitan y financian el proceso.
DESANTIS FIRMA ACUERDO ENTRE PATRULLA DE CARRETERAS DE FLORIDA Y AGENCIAS ESTATALES Y FEDERALES
Las disposiciones también refuerzan la cooperación entre la Patrulla de Carreteras del estado de Florida con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otorgando al personal estatal la autoridad para interrogar, arrestar y detener inmigrantes, así como para llevar a cabo operativos de control en carreteras y otras áreas públicas.
Las oficinas de sheriff locales deberán entregar obligatoriamente toda la información que tengan sobre el estatus migratorio de un detenido, si esta es requerida por una agencia federal de inmigración.
El personal de las oficinas del sheriff locales y los directores de las cárceles de Florida deberán inscribirse, a más tardar el 1 de abril, en el programa federal 287g, en el cual los funcionarios de las cárceles pueden realizar funciones de agentes federales de inmigración, como hacer interrogatorios e investigaciones sobre el estatus migratorio de los detenidos. De no cumplir se abrirá proceso a quien se niegue.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha manifestado que la implementación de medidas severas, son para proteger a la población y que será un modelo a seguir por otros gobiernos para brindar seguridad y protección a los estadounidenses.
Recordemos que Florida, se ha caracterizado por leyes antiinmigrantes severas como la SB 1718 que se encuentra vigente y que ha promovido que cientos de miles de inmigrantes en situación irregular, se trasladen a otros estados más amigables, sufriendo el sector de la agricultura, construcción, hotelería, servicios, entre otros, falta de personal inmigrante, con serias consecuencias para la economía.
Se advierte que los inmigrantes en situación ilegal, pueden ser sancionados con aplicación de leyes antiinmigrantes, con largas condenas, si llega a realizar un delito catalogado grave, anticipando que serán seriamente juzgados por parte de autoridades judiciales.
Se considera que estados como Alabama, Carolina del Sur, Idaho, Indiana, Minnesota y Texas entre otros, pueden sus autoridades replicar los modelos de leyes antiinmigrantes, de ser aprobada legislación que se encuentra en análisis.
Es fundamental que los gobiernos realicen la comunicación respectiva a sus connacionales, ya que en el caso de Guatemala, el Estado de Florida, constituye el tercer estado de mayor concentración de población inmigrante con más de 165,000 personas, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, de un total de más de 3,256,047 que residen en Estados Unidos.
Cifra que en lo personal, considero está por debajo de la cifra real, ya que cientos de miles de inmigrantes, no se acercan a consulados a realizar trámites por las largas distancias a recorrer y el peligro de ser capturados por autoridades migratorias, por lo que no se registran sus gestiones.
Es fundamental el realizar campañas informativas en medios escritos, radiales y televisivos, por gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Ecuador, entre otros, enfatizando que en el caso de Guatemala, deben ser tanto en castellano como en idiomas mayas, en medios escritos, radiales y televisivos, para que familiares en el país, puedan compartir directamente la información a los inmigrantes, por ser un gran porcentaje, el sector indígena que migra a Estados Unidos, ya que las nuevas leyes, entrarán en vigencia el 1 de julio del presente año y debe realizarse con anticipación, lo que motiva mi preocupación en dar a conocer para orientarlos.
Recordemos que los inmigrantes envían remesas a Guatemala, para el sostenimiento de un importante sector de más de 6.5 millones de familiares de guatemaltecos, que viven de las remesas recibidas, no hacer la difusión de campañas por instituciones vinculadas al tema migratorio, será una irresponsabilidad de sus funcionarios hacia población inmigrante, un tema que invito a representantes de organizaciones de inmigrantes, exigir se realicen, como una muestra de solidaridad hacia connacionales.
Es hora de exigir eficiencia hacia informativa hacia la población inmigrante, que se siente desamparada y desconocen las normativas aprobadas, tanto en Florida como en otros estados de la Unión Americana.
