El lunes 8 de julio el Ejecutivo publicó el Decreto Gubernativo 2-2024 en el cual se decreta Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional, debido a las fuertes lluvias que han azotado el país en las últimas semanas. Este decreto debe ser conocido por el Congreso de la República, el cual tiene tres días para conocerlo, ratificarlo, modificarlo o improbarlo.
Estas primeras lluvias han desnudado el calamitoso estado en el que se encuentra la red vial de nuestro país, cortesía, principalmente, de los gobiernos que encabezaron el payaso Jimmy Morales y el pseudo médico Alejandro Giammattei. Si estamos así a inicios de julio, y las lluvias continúan, no me quiero imaginar cómo estará el país a finales de septiembre. Es un deber del Estado atender y proteger, tanto la vida de las personas en riesgo, usualmente las más vulnerables, como también salvaguardar y reparar la infraestructura dañada por la lluvia. Nadie, salvo alguno que otro diputado con intereses muy particulares, pone esto en duda.
La forma de hacerlo, sin embargo, también cuenta y, como ha sido costumbre de este gobierno, no lo han hecho bien. De todos es sabido que el líder de la bancada oficialista, por su obtusa y contumaz actitud, ha sido totalmente incapaz de llegar a acuerdos con otras bancadas. Es por ello, en gran parte, que las iniciativas que emanan del Ejecutivo suelen bloquearse en el Congreso. La parte restante del boqueo reside en lo que se solía entregar en el búnker del expresidente del Congreso. El tema es que el presidente y su equipo no han logrado cabildear en el Legislativo una sola iniciativa, incluida esta. Honestamente creo que, si el interés del presidente es mitigar esta primera etapa del invierno, debería poner mucho más esfuerzo para conseguir los votos que necesita para la aprobación del estado de calamidad. Sin embargo, el mandatario y su equipo han estado más preocupados (yo diría obcecados) por conseguir una ampliación presupuestaria de 14 mil millones de quetzales, que por utilizar y ejecutar correctamente el abultado presupuesto del que ya disponen.
El decreto tampoco favorece la transparencia y el buen uso de los recursos. Autoriza al Micivi, al MAGA y al MSPAS, así como a la Conred, a obviar los procesos de licitación, incluso de cotización de bienes o servicios, de conformidad con lo que establece el artículo 44 literal a del decreto 57-92. Esto fomenta la opacidad. El párrafo siguiente en el que se lava las manos indicando que las entidades hacen las adquisiciones y contrataciones bajo su “estricta responsabilidad” observando los “parámetros de transparencia” y “únicamente por daños y efectos” causados por la temporada de lluvia, no asegura de ninguna manera una gestión transparente de ningún involucrado. Todo lo contrario. Los gobernadores, alcaldes y diputados, con sus respectivos allegados y socios en “empresas constructoras” de cartón creadas única y exclusivamente para el latrocinio, disponen de un sinnúmero de trampas, trucos y ardides perfeccionados en los últimos gobiernos para aprovechar las “oportunidades” que presentan los estados de calamidad.
Creo que las buenas intenciones del presidente no son suficientes, además de que pareciera que el tacuche le ha quedado muy grande. He conversado con varias personas de clase media, quienes se sienten muy decepcionadas por la falta de acción del presidente y su equipo, y porque salta a la vista su inexperiencia y bisoñez. Echarle la culpa a Giammattei y a su gobierno funciona los primeros meses. Después ya no.
Pareciera que esta “primavera” se está transformando en otoño.
