A menos de una semana de cumplir los 100 días de este gobierno, podemos ver ya algunos desatinos importantes en la gestión del presidente Arévalo y del partido Semilla, principalmente negociando con los distintos bloques del Legislativo. El más reciente de ellos, la improbación del Estado de Calamidad un día despues de haber sido decretado por el Ejecutivo. Incluso los aliados del partido oficial votaron en contra del decreto.
La pretensión del Ejecutivo de establecer un estado de calamidad pública, restringiendo nuestras libertades y utilizando discrecionalmente 110 millones de quetzales es un desafortunado desatino, producto de la bisoñez del mandatario (no ha sido su primera). El bloque oficial intentó modificar el decreto, que contenía varios errores de forma y fondo, pero las enmiendas no prosperaron en el hemiciclo.
Un Estado de Calamidad Pública permite disponer de fondos sin seguir los procedimientos establecidos para control del gasto público. Se pueden hacer contrataciones a un proveedor elegido a dedo por un funcionario público por cualquier monto y sin tener varios oferentes, por poner un ejemplo. Básicamente, es una puerta abierta para la corrupción, a lo cual, estoy seguro, nos oponemos la mayoría de los guatemaltecos.
El gobierno de Alejandro Giammattei decretó estados de excepción y de calamidad a diestra y siniestra durante los 4 años que detentó el poder, a los cuales nos opusimos una buena parte de la población, así como el bloque parlamentario de oposición, que, por cierto, incluía al partido Semilla, del cual Bernardo Arévalo era diputado. En su momento me opuse a dichos estados de excepción y de calamidad, al igual que la gran mayoría de la población, exactamente por el mismo motivo que hoy me opongo al que pretendía imponer el presidente Arévalo: porque va a ser una fuente de corrupción para alcaldes, gobernadores (los que hay, porque aún es tarea pendiente del Ejecutivo), y diputados.
No puede pretender el gobernante que le demos un cheque de semejante tamaño únicamente porque se presentó a las elecciones como una opción honesta. No sé si el mandatario recordará a quien hace 8 años también se presentó como “ni corrupto ni ladrón”, y no sólo resultó siendo más largo que el río Amazonas, sino que encima de todo puso los cimientos para iniciar el régimen de impunidad que hasta hoy día estamos sufriendo con la fiscal general y su “equipo”.
Es preocupante la impericia que el presidente Arévalo ha mostrado en estos casi 100 días desde el inicio de su gobierno. El caso de la destitución de la exministra de Ambiente ejemplifica muy bien, de primero el accionar errático del mandatario, y segundo, la falta de comunicación que tuvo el presidente con la vicepresidenta y que terminó con la remoción de la exministra. Disentir es una cosa, pero tener una comunicación errática y encontrada, es otra muy distinta.
Para colmo, el gobernante debe lidiar con una bancada liderada por un diputado hepático e inmaduro que pelea con el resto de los diputados y encima pretende figurar en cuanta comisión hay en el Congreso. Cuando Arévalo ganó la presidencia, expresé en más de una columna que uno de sus principales retos iba a ser lidiar con un Congreso repleto de diputados que negocian por el color del billete y no por el bien del país. El líder de la bancada oficial dificulta aún más lograr negociaciones con estos diputados.
El presidente Arévalo debe enfocar sus esfuerzos en las principales prioridades del país, que después de casi 100 días de gestión, aún no aborda. Erradicar la desnutrición crónica, combatir la corrupción, mejorar significativamente la calidad educativa, cobertura médica y la infraestructura del país, son sus principales prioridades, no decretar estados de calamidad.
