El 27 de octubre pasado, el Ministerio Público informó sobre la solicitud de levantamiento de inmunidad al diputado Samuel Pérez, por un tuit que publicó en la red social X (antes Twitter) durante los bloqueos del mes de octubre. Uno puede estar o no de acuerdo con los comentarios y las opiniones que publica un diputado, pero en la Constitución está claramente plasmado que tiene todo el derecho de emitirlas.
En mi caso particular, no comparto la mayoría de las opiniones del diputado Samuel Pérez y me parece que su comportamiento es igual o peor que el de los diputados que él mismo critica y a los cuales se opone en el hemiciclo. Pero tiene derecho, al igual que todos nosotros, ciudadanos guatemaltecos, de emitir sus opiniones sin censura alguna. Solo en la atávica y retrógrada mente fascista de la fiscal general y de quienes le giran sus instrucciones a Gerona, cabe restringir la libertad de expresión a la ciudadanía. Claro que allí en el MP tienen claro que se metieron a un callejón del cual les será muy difícil salir cuando pierdan la inmunidad que hoy gozan, ya tienen sanciones importantes y la cosa difícilmente terminará con las sanciones ya impuestas, por lo que disparan sus municiones contra todos, siguiendo el guion de no es quién me las debe sino quién me las paga.
Como columnista de opinión, veo con mucha preocupación esta persecución que ahora inician en el Ministerio Público en contra de la libertad de expresión, tal como lo han venido haciendo dictaduras en la región, siendo Venezuela y Nicaragua dos de los casos más paradigmáticos y cercanos a nuestro país. Los pasos que han seguido las personas que gobiernan el país han sido un calco de lo que han hecho las dictaduras mencionadas; primero controlar las instituciones, segundo instrumentalizar al Ministerio Público para perseguir a opositores y a quienes opinan distinto al régimen, utilizar recursos del Estado para ganar las elecciones (lo intentaron, pero les falló su cálculo, al no acceder sus candidatos a segunda vuelta) y poder así, perpetuarse en el poder.
Lo que nos queda a nosotros como sociedad, es articularnos y llegar a acuerdos mínimos, para poder luchar unidos contra los desmanes de este régimen de corrupción. Uno de esos mínimos debe ser proteger a toda costa la libertad de expresión. Y debe ser innegociable. Puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que opinan otras personas, otros columnistas, personas que emiten sus opiniones en redes sociales, pero eso no me da el derecho de callarlos ni de iniciar acciones judiciales en su contra. Tal es el caso de las opiniones emitidas por el diputado Samuel Pérez. No estoy de acuerdo, ni con sus opiniones, ni su forma de actuar. Pero él tiene todo el derecho, amparado por la Constitución, de decirlas y publicarlas.
Y mi obligación, al igual que la de quienes laboran en Gerona, es respetarlas, nos gusten o no.
