Emilio Matta Saravia
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Al escribir estas líneas, el Tribunal Supremo Electoral aún no ha oficializado los resultados de las pasadas elecciones, con el pretexto de estar resolviendo todos los recursos de nulidad que fueron aprobados en la segunda audiencia de revisión de escrutinio que ordenó la Corte de Constitucionalidad en su momento.
Aunque cada vez más sectores y organizaciones piden que se oficialicen los resultados, todavía no se puede cantar victoria debido a la desconfianza que transmiten las instituciones que deberían ser garantes de este proceso. El Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han sido partícipes y han incidido directamente en el clima de incertidumbre que se vive en Guatemala tras las elecciones generales del 25 de junio. De hecho, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia llevan en sus cargos ya casi cuatro años más de lo que la legislación nacional estipula que deberían estar.
El lunes pasado, en un escueto mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente Giammattei aseguraba a la población que respetaría el plazo improrrogable en el que finaliza su período como Presidente de Guatemala. Lamentablemente no se le puede creer a una persona que ofreció cerrar la SAAS y sacar a Guatemala del Parlacén (ambas son promesas incumplidas de su campaña presidencial), que aseguró que iba a ser uno de los últimos guatemaltecos en recibir la vacuna contra el COVID (lo dijo estando ya vacunado al inicio de la campaña de vacunación) y que invocó la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de haber enviado a sus fuerzas antimotines, con gases lacrimógenos y desmedida violencia, a disipar una manifestación pacífica en la que habían niños, mujeres y ancianos.
Tengo mis dudas de que este grupo que actualmente detenta el poder vaya a soltar las riendas tan fácilmente sin apenas resistir. Menos ante la posibilidad de que Bernardo Arévalo, que es un candidato que se considera fuera de este sistema y que se supone que no ha tenido arreglos con los grupos tradicionales de poder, pueda ocupar la silla presidencial. Y aunque la ocupe, aunque gane las elecciones, el presidenciable de Semilla tendrá un duro camino para gobernar este país con un Congreso dividido y con la mayoría de las bancadas de oposición, con una Corte Suprema de Justicia, una Corte de Constitucionalidad, un Ministerio Público y una Contraloría General de Cuentas plegadas a grupos contrarios al que sería el partido oficial.
Para poner la tapa al pomo, Arévalo y algunos de los diputados de Semilla ya han dado sobradas muestras de bisoñez, haciendo afirmaciones, comentarios y aseveraciones que evidencian su inexperiencia en la política. Si este grupo de oposición se mantiene medianamente unido, pueden provocar daños muy profundos para la gobernabilidad que pueda tener el partido Semilla.
Repito que es un escenario muy similar al de 1991 cuando accedió a la primera magistratura el expresidente Jorge Serrano Elías, tristemente recordado por su fallido autogolpe, el famoso “Serranazo”, en el que intentó disolver el Congreso en 1993, precisamente porque los diputados de aquel entonces se oponían a todo lo que el expresidente quería hacer.
Falta un largo, larguísimo camino para lograr una verdadera transformación del Estado guatemalteco y sus instituciones.
