Emilio Matta Saravia
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Este proceso electoral 2023 va de mal en peor. A un mes de la primera vuelta de las elecciones generales 2023, la falta de certeza sobre quienes serán candidatos, aunada a la ausencia de planes y propuestas serias, sin dejar de mencionar el servilismo de los órganos que supuestamente son los encargados de hacer valer la ley, como el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, hacen de estas elecciones las peores en toda la historia reciente del país, que ya es mucho decir. Ni en la década de los 70’s del siglo pasado se veía un manoseo tan burdo de las instituciones para evitar candidaturas, como han ocurrido incontables ocasiones en este proceso.
Lo anterior debiera ser para todos nosotros una clara señal de alerta, de que las instituciones guatemaltecas están, cada día más, al servicio del mejor postor, y no de la preservación del Estado de Derecho. De igual forma los candidatos a puestos de elección popular, sea para presidente y vicepresidente, diputados o alcaldes. Cada vez es más claro que estas personas promueven sus candidaturas para servirse del poder, una vez llegaron ellos mismos o sus allegados.
Piense usted, estimado lector, si un particular o un grupo con poder pueden manosear y prohibir la inscripción de un candidato a la presidencia, ya sea porque carece de idoneidad o hizo campaña anticipada, o ambas cosas, o porque a su candidato a la vicepresidencia se le “venció” el finiquito y fue tan egoísta y ególatra que decidió no declinar su candidatura, o porque no tiene visa para viajar a los Estados Unidos de América, qué no harían con un derecho real que quieran apropiarse ilegalmente. Si saben cuáles son las teclas que hay que engrasar y tienen los medios para hacerlo, pueden tomar posesión de lo que quieran, cuando quieran y como quieran. El sistema funciona para este tipo de personas.
Muchas personas no se dan cuenta que hemos estado transitando por un peligrosísimo camino, en el cual este gobierno y el anterior se dieron a la tarea de desmantelar la poquísima institucionalidad que todavía quedaba en el país. Empezaron con las cortes, los diputados y los alcaldes, continuaron con el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral (otrora prestigioso, hoy en trapos de cucaracha gracias a sus actuales magistrados), la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de los Derechos Humanos. En cada una de estas instituciones hay alfiles colocados con el único y exclusivo fin de asegurarse cuatro años más de corrupción.
Todas las instituciones del país se encuentran secuestradas por estos poderes, que, sin escrúpulo alguno, podrán ir tras lo que se les antoje. Como colofón, si usted alega y se defiende, cuentan también con un equipo dedicado a la persecución penal dentro del mismo MP para garantizar que su caso prosperará y que, si existen casos de corrupción que salpiquen a la rosca del presidente, estos quedarán en el olvido, archivados y enterrados para que no exista duda de que el mandatario y su círculo, no sufrirán ningún tipo de persecución penal.
Despedazaron la institucionalidad.
