Emilio Matta Saravia
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Endurecer las penas contra los “coyotes” lamentablemente no va a frenar la migración de los guatemaltecos hacia los Estados Unidos. Ni siquiera tendrá un impacto significativo en la misma. La aprobación en tiempo récord de las reformas a la Ley de Migración, decreto 5-2022, fue tan sólo otro show político del presidente y sus diputados. Nada nuevo. Más de lo mismo.
El fenómeno de la migración tiene un trasfondo económico con consecuencias familiares, sociales y políticas. Y es a partir del análisis económico como se debe abordar este problema. El primer elemento a tomar en cuenta es la abundante oferta de trabajo para mano de obra no calificada en los Estados Unidos, la cual se ha incrementado significativamente durante la pandemia. Por mano de obra no calificada me refiero a personas que no poseen una certificación a nivel universitario en un área específica; es un término técnico, no peyorativo. La intervención del gobierno estadounidense en el mercado laboral (pagando bonos por desempleo a una parte importante de la fuerza laboral) creó un desequilibrio aún mayor en dicho mercado, ya que un importante número de personas, principalmente en los estratos bajos, prefirió no trabajar y sólo recibir la ayuda gubernamental. Sin embargo, al reactivarse la economía, las empresas estadounidenses comenzaron a ofrecer puestos de trabajo de baja remuneración que simplemente no son atractivos para la fuerza laboral estadounidense, creando una oferta insatisfecha de trabajo.
El segundo elemento a tomar en cuenta es que, nuestros países, no sólo Guatemala, sino que México y el resto de los países centroamericanos, cuentan con una importante fuerza laboral (calificada en el caso de México y no calificada en el caso de los países centroamericanos) sin posibilidades de obtener un empleo formal, no digamos uno bien remunerado, en su país de origen. Existe una demanda insatisfecha de trabajo. Las causas estructurales de la falta de oportunidades en Guatemala inician con un sistema diseñado para facilitar que los empresarios tramposos hagan negocio con los funcionarios públicos corruptos (incluyendo a los de más alto nivel) en detrimento del erario. Esto dificulta que empresarios honestos (los que cumplen con toda la normativa legal de los países en donde invierten) quieran venir a nuestro país a realizar inversiones. Sólo quedan entonces los empresarios corruptos que buscan invertir en países donde puedan untar a las autoridades a cambio de prebendas. Lo anterior causa que el Estado, a través del gobernante y todo el aparato estatal, sea incapaz de cumplir con los temas mínimos que debería cubrir a la población guatemalteca, como lo son reducir el índice de desnutrición crónica infantil (1 de cada 2 niños la padece en Guatemala), incrementar el nivel de escolaridad y la calidad educativa, mejorar el sistema de salud y, sobre todo, el sistema de salubridad y saneamiento, principalmente en las áreas rurales. Intel no instaló su planta de ensamblaje en Guatemala debido a la escasez de la oferta laboral insatisfecha en los Estados Unidos que se cubre entonces con la fuerza laboral guatemalteca que demanda trabajo, “equilibrando” ambos mercados. En todo este esquema el “coyote” es tan sólo una pequeña pieza de todo el engranaje. Eso sí, nunca, NUNCA debemos perder de vista que el “coyote” es un deleznable criminal que lucra con el dolor ajeno. Sin embargo, hay que tener claro que, mientras exista oferta laboral insatisfecha en los Estados Unidos y demanda de trabajo insatisfecha en Guatemala, siempre van a existir personas dispuestas a migrar buscando mejores oportunidades y mayores ingresos. Y siempre van a existir “coyotes” dispuestos a correr el riesgo de traficar personas. Por muchas leyes y shows políticos que hagan el presidente y sus diputados.
