Sorprende cómo, ningún partido político proponga que su plan de gobierno consistirá, sencillamente y de manera primordial, en trabajar porque se cumpla con la ley en el país. Pareciera ser que no se ha entendido que lo que necesita el país es ser gobernado. Y esto supone, por el lado del Gobierno (Organismo Ejecutivo y gobiernos municipales), que se cumpla con lo que la ley le manda. No se trata de ninguna idea tendiente a inmiscuirse en lo judicial y su particular tarea de hacer justicia en el caso de personas que transgredan la ley.
Desde mi particular perspectiva, considero realmente como de poco sentido que los diferentes partidos políticos traten de “descubrir la limonada” presentando novedades de relativa poca relevancia al contrastarlos con la necesidad primordial: ordenar la casa. En este sentido, lo más sensato debería ser, simplemente y sin ninguna discusión, anunciar la intención de velar porque se cumpla con lo ya normado y prescrito desde ya hace buen tiempo y que, simplemente, no se cumple o no se ha cumplido por parte de las entidades de gobierno.
Proponerse ser gobiernos atentos a cumplir de manera estricta con lo que la ley prescribe para todas las instituciones de gobierno, sería un gran paso en un país en el cual este “extremo” (¿) se ignora en el presente y se ha venido ignorando en el pasado de una manera que, musicalmente, podría denominarse in crescendo.
Como insumo principal para la confección de las ofertas electorales, probablemente bastaría con revisar la normativa vigente en el país y contrastar con la realidad. Desde la propia Constitución Política de la República se contemplan prescripciones para los más importantes ámbitos (ver: Constitución política, Cap. II, Derechos Sociales: familia, cultura, comunidades indígenas, educación, universidades, deporte, salud, trabajo…). Así también, en la Ley del Organismo Ejecutivo (Sección cuarta, De los ministerios) se presentan las “funciones sustantivas” de los ministerios existentes. No se necesita ser muy perspicaz para, a la vista de estos “deber ser”, poder identificar con relativa certeza en dónde es que residen los principales incumplimientos, cuál es su talante, cómo se ven los principales perpetradores y en dónde se encuentran.
De un Organismo Ejecutivo no solo se debería esperar que cumpla con lo que la ley le manda -¡que es, realmente, lo mínimo!-. También se debe esperar que sepa ejecutar los planes de gobierno que presentan a la ciudadanía votante. Por ello, los partidos políticos en contienda deberían ofrecer de manera explícita que, para el caso de acceder al ejercicio del poder público en las ramas del Ejecutivo y de los gobiernos municipales, gestionarán de manera efectiva la gran cantidad de políticas sectoriales que ya existen -trabajadas y fundamentadas por los cuadros técnicos de los diferentes sectores- y ejecutar los correspondientes planes y programas para ponerlas en práctica.
En muchos de los casos relacionados con el desarrollo sectorial, se puede aún confiar en la calidad de las leyes de sustento y en las políticas y planes que se han desarrollado y están vigentes en la actualidad.
[Ex cursus: El espantoso tema de las tantas leyes que han sido manoseadas sin ningún sustento a lo largo de las últimas décadas y que, hoy por hoy, representan auténticos Frankensteins, se ubican más bien a nivel transversal o se refieren a temas puntuales que se han visto como sujetos de “negocio”. En su momento, habrá que reflexionar sobre el cómo se puede rescatar el espíritu original de esas leyes malogradas, hacia una funcionalidad razonable. Probablemente -esto lo dirán los entendidos-, el saneamiento o recuperación de la higiene legislativa, será un asunto importante de desarrollar].
Ni las leyes ni las políticas han sido tomadas en serio por parte de los que deben velar por su aplicación y por su ejecución, correspondientemente. En ambos casos, las entidades a las cuales se les puede reprochar negligencia -por decirlo de una manera elegante- son, en síntesis, lo que constituye el aparato gubernamental. El aparato que los diferentes partidos políticos pretenden llegar a regentear y para lo que se postulan en el actual proceso electoral.
Por supuesto, la idea de concentrar los esfuerzos de un futuro gobierno en el tema del restablecimiento de un auténtico Estado de legalidad, no significa ni alentar a que cualquier futuro gobernante no hagan nada, además de ello, ni limitarlo a que no impulse y desarrolle los mandatos específicos que le dieron los que votaron por él. En una democracia con auténticos partidos políticos, los mandatos fundados en la ideología y las necesidades e intereses propios de cada uno de los partidos políticos -y que son los que los distinguen-, son compromisos que deben respetar.
En la actualidad, existe la objetiva necesidad de que cualquier partido político pretendiendo acceder al manejo de lo público, haga explícito que la atención principal la debe centrar en velar, con seriedad y eficacia, por el estricto restablecimiento del cumplimiento de las normas. Normas que no solamente contienen prohibiciones concretas para el actuar ciudadano (asunto del Organismo Judicial) si no que LAS OBLIGACIONES TAJANTES DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO.
A nivel nacional, en todos los temas, el problema clave ha sido, y es, la no aplicación de la Ley y la Justicia y la consecuente incertidumbre y sentimiento de desamparo que esto genera en todos los que querrían que las cosas fueran como deberían ser, y que ya no tienen a quién recurrir para que se haga valer el Derecho que, de hecho, existe y, en la práctica, les debería asistir.
Se debe enfatizar cuánto extraña que, pese a ser la más evidente de nuestras falencias a nivel nacional, ningún partido político se disponga a anunciar que se propone llegar al ejercicio del poder público con el objetivo principal de restablecer el Estado de legalidad -haciendo los esfuerzos necesarios tanto desde el Organismo Legislativo como del Organismo Ejecutivo y, ya no digamos, desde los gobiernos locales.
La corrupción es un fenómeno íntimamente ligado al no cumplimiento de la ley. Todos los partidos hablan de corrupción. Pero ninguno de ellos explica cómo la entiende; lo que hace difícil comprender qué y cómo es que piensan proceder (la idea que transmiten es que se trata de un “bablabá” más en la cadena de falsedades que los políticos prometen).
Siempre en el plano del velar por el respeto a la ley, un compromiso de auténtica trascendencia para un aspirante a la Presidencia del país debería ser la de velar con todo rigor porque sus funcionarios sean realmente honrados y tener el valor de despedirlos (¡echarlos!, diría un amigo que tengo). Sobre todo, en aquellos cargos que son de orden puramente político y solamente dependen de la voluntad y la discreción del mandatario …y que son muchos -por lo menos suficientes como para “asustar” a todos los subordinados- y no requieren de consideraciones tales como la necesidad de ser indemnizados o solo poder ser despedidos si han cometido faltas comprobadas… Si de enumerar los cargos se trata, podríamos mencionar: ministros (13, en número), viceministros (al menos 26), jefes y subjefes o equivalentes de secretarías de estado, intendencias, superintendencias, embajadores ante países y ante organismos internacionales, cónsules,… ¡No es posible que un mandatario, con todo el aparato de inteligencia que tiene el gobierno y está a su servicio, no pueda utilizarlo para fines de fiscalización de la calidad y la honradez de sus más allegados funcionarios!
