Edmundo Enrique Vásquez Paz
En su libro Ensayos desde un Estado Perverso, (Catafaxia Editorial, Guatemala, 2022), Félix Alvarado presenta una interesante colección de textos que publicó, mayormente, en su columna Sin Excusar (Plaza Pública) a lo largo de 10 años.
Constituyen un ameno conjunto de referencias críticas a acontecimientos de índole político y social que se dieron en el mundo y en nuestro país durante el lapso en referencia. Menciona conflictos armados en otras latitudes, corrientes migratorias que se experimentan en el globo, declaraciones diplomáticas irresponsables y engañosas, casos concretos de corrupción nacional, emisión de leyes absurdas, negocios francamente corruptos y de cuestionable interés nacional. Es feliz testimonio de una mente inquieta, bien informada, auscultadora de sutilezas frecuentemente ignoradas por el público espectador, articuladas de manera atractiva y transparente.
Apunta, como una de las principales ideas organizadoras de la colección de textos, la expresión de un fenómeno que es importante notar y al cual, en Guatemala no le damos la importancia que amerita. Se trata del funcionamiento operativo de lo que en nuestro país llamamos equivocadamente “Estado” cuando, en realidad, solamente estamos haciendo referencia a su “Gobierno”; el cual calificamos de manera ligera y despreocupada de “Estado Fallido” sin percatarnos del significado que realmente tendría si lo hiciéramos de manera seria, razonada y responsable.
Es importante llamar la atención sobre lo anterior porque, el no hacerlo, tiene importantes implicaciones. La lógica de base es muy sencilla. Por su propia naturaleza, cualquier instrumento de gestión (por ejemplo, el “gobierno”) de una entidad organizada tiene que tener como fin primordial actuar en pro de los intereses y del beneficio de ella. Algo distinto sería un completo absurdo. En el caso de Guatemala, no se necesita buscar mucho para darse cuenta de ello: en el Art. 1 de la Constitución se enuncia “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.
Lo anterior tiene que significar que todas las acciones intencionadas y realizadas por el Estado a través de sus organismos calificados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen que buscar la realización del bien común. Es su designio. Solamente en caso de no lograrlo se puede entender que ha fallado. Falla cuando no satisface su intención.
Pero sucede que, en el caso de nuestro país, la dinámica es muy diferente. Muy diferente porque, de facto, no se está persiguiendo el bien común y fallando en el intento. El aparato gubernamental no está fallando. Simplemente está actuando con una lógica y un propósito distinto: satisfacer los intereses de grupos exclusivos aún si es a costa del interés de todos los demás. Esto, lo hace de manera eficaz. Y se llama perversión.
Ser consciente de que estamos ante un “Estado perverso” y no seguir repitiendo la torpe sentencia de que estamos ante un “Estado fallido”, es sumamente importante porque permite identificarnos en el espectro de lo político como un actor que puede optar por corregir la situación a partir de la cuota de poder que debe tener la ciudadanía como tal.
Admitir que Guatemala es un Estado fallido (¿) no es solamente un absurdo (porque el conjunto de guatemaltecos constituidos como Estado no somos un conjunto fallido de seres humanos) si no que, una vez más, una forma de entender las cosas que es equivocada porque nos permite desentendernos de la obligación de asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos y actuar en consecuencia para dotarnos de buen gobierno.
