El 25 de junio, las elecciones nacionales arrojaron un resultado presidencial inesperado. Nueve partidos levantaron diversas quejas acerca del recuento de votos y, como resultado, interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual, como es costumbre en estos tiempos, intervino otorgando un amparo provisional.
Este amparo provisional, expedido el 1 de julio de 2023, ordenó la repetición de la audiencia de revisión de escrutinios, seguido de un cotejo de actas para «corregir» posibles errores en la sumatoria de votos. La CC incluso dejó una puerta abierta para que, en ciertos casos excepcionales, se ordene un recuento de papeletas si existen dudas justificadas de alteraciones de resultados. Pero repito: en casos excepcionales.
Esta intervención de la CC muestra una triste ironía. Aunque el actual proceso electoral fue caótico en la fase de registro de candidaturas, debido a los criterios erráticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la influencia excesiva de las cortes, el conteo de votos ha sido tradicionalmente uno de los aspectos más sólidos de nuestro sistema electoral.
Desde la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral en 1983, nuestro sistema de conteo de votos ha descansado en manos de ciudadanos voluntarios. Esto se ha mantenido hasta hoy y es el principal motivo de su robustez. Los voluntarios forman Juntas Receptoras de Votos (JRV), encargadas de recibir, escrutar y contar los votos en sus respectivas mesas, todo bajo la vigilancia de los fiscales de los partidos políticos.
Pero las JRV son solo un eslabón en una cadena bien organizada y jerarquizada. Por encima de ellas se encuentran las Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Electorales Departamentales (JED). La JEM se encarga de nombrar y juramentar a las JRV, y luego de recibir y compilar los resultados electorales de estas. La JED, por su parte, tiene la responsabilidad de declarar el resultado y la validez de las elecciones en su departamento y enviar los resultados a instancias superiores.
Este proceso de conteo se documenta meticulosamente en una serie de documentos firmados por los presidentes, secretarios y vocales de las Juntas, desde el documento número 4 que recoge los resultados de cada mesa, hasta el documento número 7, que resume los votos obtenidos por cada partido en todas las elecciones del municipio.
Con esta serie de controles y equilibrios, y la participación de más de 73,281 voluntarios y suplentes en las JRV en más de 24,427 mesas de votación, es casi imposible realizar un fraude a gran escala sin ser descubierto.
A pesar de la seguridad inherente en el proceso, la CC ha ordenado la repetición de las audiencias de revisión de escrutinios para corregir pequeños errores o impugnaciones que los partidos alegan que no pudieron hacer valer en las audiencias que tuvieron lugar la semana pasada. Sin embargo, actores marginales, que posiblemente ni siquiera comprenden el proceso, han aprovechado esta oportunidad para hacer afirmaciones infundadas de fraude, erosionando aún más la ya precaria confianza en las instituciones democráticas de Guatemala.
Además, aunque el proceso de recuento sea laborioso y meticuloso, algunas críticas han pasado por alto un hecho fundamental: los errores humanos ocurren. Con la cantidad de voluntarios y la magnitud de la votación, es natural que haya discrepancias menores en los números al momento de la sumatoria de votos. Esto no significa necesariamente que haya habido fraude.
El actual y creo, innecesario proceso de cotejo de actas que ha resuelto la Corte, permitirán en el mejor de los casos, corregir errores menores y validar los resultados. La indebida interferencia del tribunal constitucional en este asunto merece un análisis más profundo y espero tener ocasión para hacerlo.
Ahora bien, en estos tiempos de incertidumbre y desconfianza, es vital recordar a las Juntas Electorales y las JRV por su dedicación y esfuerzo cívico. Gracias a su trabajo, Guatemala pudo tener una votación exitosa, a pesar de los obstáculos y desafíos. Aplaudamos a estas personas que decidieron participar activamente en la construcción de democracia. Su servicio merece nuestro reconocimiento y respeto.
Mientras tanto, aquellos que intentan sembrar dudas y socavar la confianza en nuestro sistema electoral deben reconsiderar sus acciones. Los órganos de justicia deben actuar con prudencia y evitar que el circo electoral se prolongue innecesariamente.
